El Sistema de Pagos Instantáneos procesó en el primer semestre de este año más de 300 millones de operaciones, más del doble que en el mismo período de 2025. El efectivo no desapareció, pero dejó de ser imprescindible, y más de un millón de paraguayos entraron al sistema financiero por una puerta que hasta hace poco no existía.
La pregunta que durante décadas acompañó cualquier transacción cotidiana en Paraguay viene siendo reemplazada por otra. Para dimensionar la velocidad del cambio alcanza con dos números: en todo 2022, el Sistema de Pagos Instantáneos procesó alrededor de 19 millones de operaciones. Entre enero y junio de este año acumuló más de 300 millones, frente a las 142 millones del mismo período del año pasado.
Lo que revela mejor el fenómeno no es el volumen sino el tamaño de cada operación, que viene bajando. El sistema creció por cantidad de transacciones y no por monto, lo que indica que dejó de servir principalmente para transferencias grandes y pasó a usarse para pagar el almuerzo, dividir una cuenta o mandarle plata a un hijo un domingo a la noche. Desde marzo, cuando el Banco Central elevó el tope de 5 a 10 millones de guaraníes por operación, también cubre pagos de mayor porte, las veinticuatro horas de los siete días de la semana.
Detrás de esa infraestructura hay una gestión estatal que merece reconocimiento. El Banco Central construyó el SPI, sostuvo su funcionamiento permanente, desarrolló el sistema de alias —teléfono, cédula, RUC o correo— y garantizó la interoperabilidad entre entidades. Para este año anunció además el QR Hub, una plataforma que busca estandarizar los pagos con código QR en todo el país. Es el tipo de política pública que rara vez ocupa titulares, porque su éxito consiste en funcionar sin que nadie lo note.
Construir la autopista, sin embargo, no garantiza que la gente decida circular por ella. La segunda parte de la transformación ocurrió cuando bancos y empresas tecnológicas compitieron por volver esa infraestructura simple y atractiva. Dentro de esa competencia, el caso de ueno bank es el más notable del período.
El mérito de la entidad no está en haber inventado las transferencias digitales ni el sistema que las soporta. Su aporte estuvo en entender que para incorporar a quienes permanecían fuera no alcanzaba con digitalizar un banco tradicional: había que cambiar la experiencia de entrar a uno. Durante décadas, el sistema bancario significó para buena parte de la población sucursales, formularios, horarios y requisitos innecesariamente complejos para quien solo quería guardar o transferir dinero. El teléfono modificó esa relación. La cuenta se abre desde una aplicación, el usuario aprende mientras usa el servicio, y el banco aparece dentro del mismo aparato donde esa persona conversa, compra, vende y organiza su vida.
Los resultados que la entidad reportó al cierre del primer semestre dan la dimensión del fenómeno: 2,94 millones de clientes, un salto de 2,3 a 2,6 millones de depositantes entre diciembre y junio, y unas 200.000 personas que abrieron ahí su primera cuenta bancaria durante esos seis meses. El banco informó además que tres de cada diez transferencias que circulan por el SPI pasan por sus sistemas. Pero el número más significativo proviene de una fuente externa: según un estudio de Equifax Paraguay, el principal buró de créditos del país, más de un millón de personas que nunca antes habían tenido una cuenta bancaria ingresaron al sistema financiero a través de ueno.
Una persona que opera solo en efectivo puede trabajar y generar ingresos durante años permaneciendo invisible para el sistema financiero: su actividad existe, pero deja pocos registros que permitan evaluar su capacidad de ahorro o su acceso al crédito. Abrir una cuenta no convierte a nadie automáticamente en sujeto de crédito, pero construye una puerta de entrada. Permite ahorrar dentro del sistema, cobrar a distancia, reducir el costo de manejar efectivo y acumular historial. Para un país con informalidad elevada, incorporar a miles de pequeños comerciantes y trabajadores independientes aumenta la profundidad de la economía formal y amplía mercados: un vendedor que solo cobra en efectivo está limitado por la distancia; uno que recibe pagos digitales puede hacer negocios con alguien que jamás pisó su local.
Pero una economía más digital también introduce riesgos propios. El fraude ya no requiere robar una billetera, alcanza con un mensaje o un enlace falso, y mientras más dinero circula digitalmente, más urgente resulta invertir en ciberseguridad y educación financiera. Existe además el riesgo del sobreendeudamiento, porque bancarizar no puede reducirse a facilitar consumo financiado. El efectivo seguirá cumpliendo una función para adultos mayores, zonas con conectividad limitada o simplemente para quien prefiera usarlo. El objetivo razonable no consiste en eliminarlo sino en que deje de ser obligatorio.
El miércoles pasado el Gobierno presentó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2026-2031, que reemplaza a la vigente entre 2014 y 2018. El plan pone el foco en dos grupos: las 985.126 personas en situación de pobreza monetaria que registró el INE en 2025 y los más de 780.000 adultos mayores de sesenta años, especialmente expuestos al fraude digital por desconocimiento de los sistemas bancarios. El desafío que define la próxima etapa consiste en transformar acceso en uso: que tener una cuenta sirva para ahorrar, invertir y crecer, y no solamente para recibir transferencias.
Paraguay difícilmente se convierta en una sociedad sin efectivo, y tampoco necesita hacerlo. Avanza hacia algo más relevante: un país donde pagar, cobrar o ahorrar deje de depender de llevar billetes encima o de haber pertenecido siempre al mundo bancario.
