La constante pregunta por el destino de los USD 1.600 millones que repiten nuestros “grandes formadores de opinión” es una burda operación de desinformación, sin ningún sustento en la realidad. Movilizan la legítima sospecha que la población tiene sobre los políticos, para sacar rédito de la tragedia que conlleva una pandemia y debilitar la imagen del gobierno.
Nunca en la historia de nuestro país la ciudadanía tuvo acceso a tanta información sobre los recursos públicos y la forma en que el Estado hace uso de ellos. La pandemia del Covid-19, a pesar de los estragos sanitarios y económicos, le deja a Paraguay como saldo positivo un innegable avance en el acceso a la información.
Nuestro país tuvo acceso a un crédito de USD 1.600 millones para hacer frente a la llamada “otra pandemia”, es decir, la económica. Se trata de un verdadero privilegio que países vecinos desearían tener, pero es el fruto de 15 años de disciplina fiscal y crecimiento del PIB que prepararon a nuestro país para ser más fuerte que otros en la tormenta del coronavirus.
En consonancia con su política de transparencia, el gobierno dedica periódicamente comunicaciones oficiales, ofreciendo detalles de la utilización de dicho empréstito.
La estrategia innovadora que se emplea para dar a conocer el uso de los recursos públicos fue reconocida por la prensa internacional: cada paraguayo y paraguaya está a un clic de los datos. Un ejemplo concreto es la web destinada a tal efecto, www.rindiendocuentas.gov.py. Otro ejemplo es el sitio web del Ministerio de Salud, que cuenta con información pormenorizada sobre su gestión desde que estalló la crisis del COVID-19.
Así, la constante pregunta por el destino de los USD 1.600 millones que repiten nuestros “grandes formadores de opinión” es una burda operación de desinformación, sin ningún sustento en la realidad. Movilizan la legítima sospecha que la población tiene -y con razón- sobre los políticos, para sacar rédito de la tragedia que conlleva una pandemia y debilitar la imagen del gobierno.
Es por eso que, cuando se les responde que la información está disponible para todos, enseguida comienzan a refunfuñar horrorizados, porque el dinero se usó para lo que ellos (desprovistos de cualquier formación en la materia) consideran una práctica contraria a la buena administración: los llamados “gastos rígidos”.
Docentes, fuerzas de seguridad y personal de blanco, según estadísticas oficiales, representan al 75% de los salarios públicos. Lastimosamente, la economía se frenó por la pandemia y el Estado mermó significativamente la percepción de ingresos públicos. ¿Deberían, entonces, dejar de percibir sus haberes quienes trabajan en hospitales, quienes educan a nuestras futuras generaciones y quienes custodian nuestra seguridad y a nuestras fronteras?
Ahora, la operación se renueva ante el anuncio del gobierno de un plan de reactivación económica que prevé una inversión de USD 2.500 millones en obras y protección social y para el cual se necesitará financiamiento de USD. 350 millones. Lo que debería ser vitoreado, porque sigue los consejos de todos los economistas prestigiosos del mundo, de los grandes líderes del planeta y de todas las instituciones multilaterales (FMI, CEPAL, ONU, BID, etc.) es manipulado por los profetas del desánimo para instaurar la desesperanza y la división social.
Lo cierto y lo concreto es que ni la prensa, ni los políticos ni la ciudadanía en general tienen verdaderos motivos para preguntarse dónde están los USD. 1.600 millones (los cuales, que dicho sea de paso, no se utilizaron en su totalidad todavía), puesto que la información, como nunca antes, está al alcance de todos.
