El juez federal Joseph Laplante frenó con alcance nacional la medida impulsada por el presidente Donald Trump que pretendía revocar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense.
Un juez federal de New Hampshire bloqueó este miércoles, con carácter nacional, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, una de las decisiones más controvertidas de su administración.
«Privar de la ciudadanía estadounidense es un cambio abrupto de una política de larga data y provoca daños irreparables», sostuvo el juez Joseph Laplante en su resolución. No obstante, el magistrado otorgó una pausa de siete días a su fallo para permitir al Gobierno apelar. La causa fue impulsada como una demanda colectiva presentada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
Laplante, nombrado por el expresidente George W. Bush, destacó en su dictamen que la ciudadanía estadounidense «es el mayor privilegio que existe en el mundo». La orden ejecutiva de Trump, que debía entrar en vigor el 27 de julio, ya había sido objeto de controversias legales en tribunales inferiores y ahora enfrenta una nueva barrera judicial.
La decisión se basa en la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense. La demanda fue presentada por “Barbara y otros”, en referencia a una mujer hondureña en trámite de asilo que espera dar a luz en Estados Unidos en los próximos meses.
El fallo se refiere tanto a los niños existentes como a los futuros que se verían afectados por la orden ejecutiva, aunque no extiende sus efectos a los padres inmigrantes, como habían solicitado los demandantes.
Restricciones en programas educativos
En otro frente de su agenda migratoria, el Gobierno de Trump anunció la revocación de una normativa vigente desde 1997 que permitía a inmigrantes indocumentados acceder a fondos públicos para programas de educación técnica, profesional y para adultos.
La secretaria de Educación de EE.UU., Linda McMahon, afirmó que los recursos federales deben beneficiar exclusivamente a ciudadanos y residentes legales, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA).
“Los trabajadores estadounidenses que pagan impuestos ya no financiarán la participación de inmigrantes ilegales en nuestros programas educativos”, declaró McMahon. La nueva interpretación se aplicará a partir de agosto.
