Editorial. En términos generales, se reconoce como Generación Z a las personas nacidas entre 1997 y 2012. Es posterior a la de los Milennials, nacidos entre 1981 y 1996, y anterior a la Alfa, nacidos entre 2010 y 2024. En clave generacional, estas categorías funcionan como orientadoras a la hora de pensar las características y desafíos de cada grupo poblacional. Así, los Milennials se caracterizan por su ingreso al mercado con las secuelas de la crisis económica mundial de 2008, la expansión de la educación superior y las primeras oleadas de precarización laboral con contratos temporales y el freelance. La Gen Z se encuentra marcada por la transición al trabajo en contexto pos-pandemia, con incertidumbre y presión por habilidades digitales.
En Paraguay, la Generación Z suma más de un millón y medio de jóvenes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Representan un cuarto de la población, el corazón demográfico del país. La mayoría vive en ciudades (64%), aunque más de un tercio está en el campo. Un 18% vive en pobreza, y nueve de cada diez adolescentes ocupados que integran esta franja generacional trabajan en la informalidad. Sus ingresos apenas alcanzan G. 2.400.000, por debajo del salario mínimo.
Esta es la generación que crece en medio de precariedad laboral, pero también de hiperconectividad digital. Estudian, trabajan, migran, buscan abrirse camino. Según el Instituto Desarrollo (IDEJ, 2021), ocho de cada diez rechazan la corrupción, una dato por cierto global y no local, siete de cada diez votan en elecciones y más de la mitad participa en proyectos sociales o solidarios. Sus demandas efectivas son claras: empleo digno, acceso a educación superior y técnica, transparencia en la gestión pública, mejores servicios de salud, oportunidades para emprender y espacios reales de participación.
Frente a ese cuadro inmenso y diverso, resulta problemático que un grupo de 500 manifestantes en Asunción se proclame representante de toda esa generación. No implica esto invalidar la protesta social. Pero, una protesta reducida no puede asumirse como la voz de 1.500.000. Pretenderlo es un espejismo y, en el fondo, un fraude simbólico.
Lo que de verdad está en juego es otra cosa: el desafío de la política del siglo XXI. Ni los partidos ni el Estado pueden desentenderse de esta generación, sus problemas y demandas. El gobierno nacional y el Partido Colorado, que conduce el rumbo del país, deben reconocer que no hay futuro posible sin una agenda clara que conecte con las aspiraciones de esta juventud. Esa agenda no puede ser retórica ni improvisada: debe dar respuestas concretas en empleo, educación y transparencia. Debe ofrecer un horizonte creíble para jóvenes que hoy miran con desconfianza la política tradicional.
El reto no es competir con reducidos grupos que expresan disconformidad. El reto es mayor: construir canales legítimos, amplios y duraderos de participación juvenil, que integren a la diversidad de la Generación Z. Desde el universitario de Asunción hasta el trabajador rural de Caazapá, todos deben sentirse incluidos. Porque la política que no logra interpelar a sus jóvenes está condenada a la obsolescencia.
Tal como fue el caso de las generaciones anteriores, la Gen Z de Paraguay no se encuentra en la búsqueda de voceros autoproclamados. Demanda proyectos serios que le garanticen oportunidades reales y un país mejor. La responsabilidad de quienes gobiernan es escuchar esa voz diversa y no asumir que la representación está dada por minorías. La política paraguaya del siglo XXI —y el Partido Colorado, que la encabeza— tienen la obligación histórica de leer las señales y responder con hechos. Porque en democracia, 500 nunca serán 1.500.000.
