El periodista Kike Gamarra habló de “tablets clonadas”, filtración de mapas y falta de veedores en el trabajo de campo. En el entorno de Johanna Ortega crece la impotencia y ya se menciona la posibilidad de “brazos caídos” en la campaña.
La definición de la candidatura opositora en Asunción quedó envuelta en una fuerte polémica tras las publicaciones del periodista Kike Gamarra, quien enumeró una serie de irregularidades que, de comprobarse, afectarían de manera directa la credibilidad de la encuesta que consagró a Soledad Núñez como postulante.
“Tablets clonadas”, “mapas de encuesta filtrados” y “encuestadores que llegaron sin veedores”, fueron los tres puntos señalados públicamente. Se trata de aspectos sensibles en cualquier operativo de relevamiento de datos, especialmente cuando el instrumento elegido es una encuesta cerrada que define candidaturas. La trazabilidad de los dispositivos, el resguardo de la muestra y la presencia de fiscalización cruzada constituyen garantías básicas para blindar el proceso.
En un segundo mensaje, Gamarra fue más allá y cuestionó el discurso de unidad, sugiriendo que bajo la bandera del cambio se habrían reproducido prácticas que la oposición históricamente critica. La referencia a una “hoja de ruta para el 2028” dejó abierta la interpretación de que el impacto político de este episodio podría extenderse más allá de la coyuntura municipal.
La encuesta había dado como ganadora a Núñez frente a Johanna Ortega, en el marco de un acuerdo interno para ordenar la competencia. Sin embargo, las denuncias alteraron el clima político. En el equipo de Ortega se habla de impotencia ante lo que consideran un proceso poco transparente. Dirigentes cercanos describen un ambiente de profunda desconfianza y ya circula la expresión “hacer brazos caídos”, una señal que, de concretarse, podría debilitar la estructura territorial opositora.
El trasfondo no es menor. Cuando una alianza política decide delegar la definición de su liderazgo en un instrumento técnico, la fortaleza metodológica deja de ser un detalle y pasa a ser el cimiento mismo de la legitimidad. Cualquier duda sobre la integridad del procedimiento erosiona no solo a la candidatura beneficiada, sino al mecanismo acordado y a la credibilidad colectiva.
La conducción opositora enfrenta ahora una disyuntiva delicada. Ratificar sin más el resultado y apostar a cerrar filas, o abrir una instancia de revisión que despeje las sospechas. En un escenario marcado por fragmentaciones previas, la forma en que se gestione esta crisis puede terminar siendo más determinante que los números de la propia encuesta.
