La Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y Televisión (CAMPRO), junto a la Academia de Cine del Paraguay, la Federación de las Industrias Creativas, el Gremio de Técnicos Audiovisuales del Paraguay, la Cámara de Exhibidores y Distribuidores y Profesionales de Vestuario del Paraguay, lanzó un pronunciamiento conjunto que desnuda la verdad: el concurso para la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) no fue un proceso serio, técnico ni imparcial. Fue un procedimiento viciado de origen que terminó entregando una terna encabezada por un activista LGTBIQ+ cuya principal obra es un manifiesto militante.
El comunicado, difundido en las redes de CAMPRO, es claro y directo: “El iNAP está en pleno proceso de selección de su nueva Dirección Ejecutiva, y lo que está en juego no es un nombre en una terna, sino la credibilidad y la salud institucional de lo que construimos juntos”.
Y agrega sin rodeos:
“El proceso de selección actual carece de criterios claros, de calificaciones creíbles, de actas de evaluación, de lógica detrás de cada decisión. Se excluye a algunos candidatos usando parámetros que no se aplican a otros”.
Esto no es una simple queja de “conservadores”. Es la voz unificada de los productores, técnicos, exhibidores y académicos que realmente sostienen la industria audiovisual paraguaya con inversión privada, empleo y obras que llegan al público. Es urgente aclarar y explicar los criterios e indicadores, así como los criterios de explicación que se han utilizado para dejar sancionada una terna cuyo único propósito es la propaganda woke.
El resultado de este proceso viciado es la terna que todos conocemos: Ramón Alberto González Ramírez (65 puntos), activista trans y realizador de la serie documental militante Todo Mejora, en primer lugar; Miguel Hermenegildo López (60 puntos), con denuncias públicas de acoso, en segundo; y Natalia Inés Fuster Cascio (48 puntos) cerrando la lista. Mientras tanto, productores con trayectoria real fueron descartados con criterios que cambiaban según el postulante.
Cuando los propios gremios que representan la esencia productiva del audiovisual exigen “reiniciar todo el proceso” y “garantizar total transparencia”, no están pidiendo caprichos, están advirtiendo que la institución corre riesgo de perder legitimidad.
El INAP maneja fondos públicos, por lo que no puede ni debe ser capturado por una sola cosmovisión que prioriza la militancia por encima de la profesionalidad. La pelota ahora está en la cancha de la ministra de Cultura, Adriana Ortiz Semidei.
El comunicado de CAMPRO y los gremios le da la cobertura perfecta para hacer lo correcto, rechazar esta terna de la vergüenza y convocar un nuevo concurso con reglas claras, actas públicas, criterios objetivos y participación real del sector productivo
