La Corte Suprema de Justicia convocó para el próximo lunes una reunión de trabajo para analizar cambios en el sistema de matriculación de abogados, tras un planteamiento realizado por la ANEAES sobre controles más estrictos para egresados de facultades no acreditadas.
La Corte Suprema de Justicia resolvió convocar a una reunión de trabajo para el próximo lunes 11 de mayo con el objetivo de debatir posibles cambios en el acceso a la profesión jurídica, en medio de la preocupación por la calidad de la formación universitaria en carreras de Derecho.
Uno de los principales puntos a ser analizados es la posibilidad de exigir un examen de competencias básicas a egresados de facultades de Derecho que no cuenten con acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), como requisito para acceder a la matrícula profesional.
La discusión surge tras una nota remitida por la propia ANEAES a la máxima instancia judicial, en la que plantea la necesidad de ajustar los criterios de matriculación y fortalecer los mecanismos de control sobre la habilitación de abogados.
Según la propuesta, el estado de acreditación de la carrera pasaría a tener un peso determinante dentro del proceso de habilitación profesional. Además, la ANEAES participaría en la elaboración de estándares de calidad y matrices de evaluación para los eventuales exámenes.
Durante la última sesión plenaria, ministros de la Corte manifestaron preocupación por el riesgo de habilitar a profesionales que no cuenten con los conocimientos mínimos requeridos para el ejercicio de la profesión y la defensa de los derechos ciudadanos.
En ese contexto, también se recordó que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dejará de registrar títulos provenientes de carreras no acreditadas en los próximos años, medida que apunta a elevar las exigencias académicas dentro del sistema universitario.
Paralelamente, la ANEAES solicitó al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) la intervención de carreras que, según señala, evitan sistemáticamente los procesos de evaluación de calidad, especialmente en el área del Derecho.
