En el Paraguay existe un sector de la educación superior comprometido con la calidad, que invierte, se somete a evaluación y trabaja para mejorar sus estándares. Pero persiste todavía un amplio conglomerado que no va a renunciar fácilmente a los siderales ingresos que genera la informalidad, la estafa académica y, en los casos más graves, la venta cada vez más sofisticada de títulos universitarios. No distinguir entre ambos sectores sería castigar a las instituciones serias y premiar a quienes durante años encontraron en la debilidad de los controles un extraordinario negocio.
Ese sector se encuentra hoy acorralado por las medidas que impulsa el Gobierno Nacional para ordenar la educación superior. Entre ellas sobresale la decisión del ministro de Educación, Luis Ramírez, de elevar las condiciones para el registro de títulos, colocando a la acreditación como requisito. Es una decisión valiente porque toca intereses concretos y establece un principio elemental: el Estado no puede registrar de manera automática un título universitario sin exigir garantías suficientes sobre la calidad de la formación que lo sustenta.
La resistencia no tardó en aparecer. Las publicaciones de ABC Color revelan fuertes movimientos de determinados rectores para frenar o dilatar estas medidas, incluyendo una reunión con el ministro Enrique Riera y denuncias del propio titular del MEC sobre un intenso lobby político. Incluso apareció la versión de una eventual protesta o “estallido social” de estudiantes como consecuencia de las nuevas exigencias. Se pretende construir así una realidad imaginaria en la que los estudiantes serían víctimas de los controles, cuando son precisamente sus principales beneficiarios.
Ningún estudiante serio puede tener interés en que su carrera sea menos controlada, en que su universidad eluda una evaluación o en que su título tenga menores garantías. Son los jóvenes y sus familias quienes pagan cuotas durante años, invierten tiempo y depositan expectativas legítimas en una institución. Cuando detrás de ese esfuerzo existe una carrera deficiente, sin estándares suficientes o incapaz de demostrar la calidad que promete, la víctima no es el rector sometido a controles. La víctima es el estudiante.
El ministro Luis Ramírez tiene razón cuando afirma que existen jóvenes que pagan una cuota y terminan siendo estafados. Tiene razón también cuando cuestiona las sucesivas prórrogas reclamadas durante años y cuando denuncia que algunos sectores buscan por vías políticas lo que no consiguen sostener frente a mayores exigencias. El Estado no existe para proteger la rentabilidad de una universidad ni para garantizar la supervivencia de modelos educativos deficientes. Su obligación es proteger al estudiante y asegurar que un título registrado por la República del Paraguay represente una formación universitaria auténtica.
Resulta igualmente insostenible la postura de universidades que pretenden convertir la captación de estudiantes extranjeros y la generación de divisas en una suerte de derecho a operar con estándares inferiores. Generar divisas no concede ningún privilegio frente a la calidad. Si determinadas instituciones entienden que su principal aporte al país consiste en captar clientes extranjeros y producir ingresos, asumamos entonces como sociedad que estamos frente a simples unidades de negocio y consensuemos que tributen al fisco por sus operaciones como cualquier otra actividad empresarial. Lo que no pueden reclamar al mismo tiempo es el estatuto y las prerrogativas de una institución educativa y, cuando llega el momento de someterse a controles académicos, invocar únicamente su rentabilidad económica.
Incluso hablar de “mercantilización de la educación” resulta demasiado generoso para describir algunas de estas prácticas. El mercado tiene reglas; es una institución y no un oscuro espacio clandestino para la estafa burda. Una empresa seria ofrece un servicio, responde por su calidad, compite bajo normas y asume consecuencias cuando engaña al consumidor. Vender una formación que no se posee, eludir sistemáticamente los controles o convertir un título universitario en una mercancía desligada del conocimiento que debería certificar no constituye una expresión del mercado: constituye informalidad y, cuando existe engaño, puede constituir sencillamente una estafa.
Todos los actores de la educación superior deben comprender que el Paraguay vive un nuevo tiempo y que la informalidad debe ser fulminada. Los sectores que hoy resisten el avance de los controles no limitan su estrategia al lobby externo: intentan también operar dentro de los propios organismos reguladores, buscando apoyo en consejeros del CONES y de la ANEAES que están plenamente identificados. Los consejos no pueden convertirse en espacios desde los cuales intereses particulares bloqueen, dilaten o desnaturalicen las políticas de calidad. Cualquier intento de utilizar su integración para debilitar los controles debe recibir una respuesta institucional severa y contundente, porque lo que está en juego es la autoridad del Estado para ordenar la educación superior.
No puede haber marcha atrás. Habrá normas que corregir, procedimientos que agilizar y capacidades institucionales que fortalecer, pero el rumbo debe mantenerse. En el Paraguay que queremos construir no puede valer lo mismo una carrera que demuestra su calidad que otra que durante años encuentra mecanismos para evitar hacerlo. La época de las prórrogas permanentes, los controles débiles y la informalidad universitaria tiene que terminar. Un país que necesita elevar urgentemente la calidad de su capital humano no puede negociar aquello que constituye la base misma de su futuro. En esta batalla, el ministro Luis Ramírez tiene razón.
