En medio del escándalo de ueno bank, el nuevo presidente ratifica al responsable de la DNIT, cuya gestión todavía debe responder preguntas fundamentales. Mientras la Justicia investiga operaciones millonarias entre empresas vinculadas, la ciudadanía sigue sin conocer qué controles tributarios se realizaron y por qué.
El presidente Pedro Alliana decidió mantener a Óscar Orué al frente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), una de las instituciones más importantes del Estado. La continuidad administrativa puede ser comprensible en un momento de crisis, pero la decisión resulta difícil de separar de los interrogantes que dejó el caso ueno bank sobre el funcionamiento de los organismos de control.
La investigación sobre la entidad financiera reveló préstamos millonarios a empresas vinculadas, operaciones desproporcionadas respecto de su capacidad económica y serias deficiencias en la documentación. Frente a semejantes movimientos, corresponde preguntar qué hizo la DNIT, encargada de fiscalizar las obligaciones tributarias de esas sociedades. ¿Se verificaron sus declaraciones? ¿Se detectaron inconsistencias? ¿Se realizaron inspecciones? ¿O simplemente nadie consideró necesario mirar?
Las propias declaraciones de Orué alimentan estos interrogantes. En octubre sostuvo que no corresponde a su institución verificar los ingresos de quienes adquieren empresas y explicó que la intervención se produce cuando se detecta evasión tributaria. Una interpretación de sus atribuciones que merece ser examinada, especialmente cuando las operaciones investigadas involucran cifras millonarias y sociedades cuya capacidad económica fue cuestionada por el regulador bancario.
La DNIT no es la Superintendencia de Bancos ni tiene sus mismas competencias. Pero tampoco es una institución ajena a las operaciones económicas de las empresas. Su función fiscalizadora exige controles efectivos y explicaciones sobre las actuaciones realizadas. Orué lleva más de tres años al frente del organismo y su gestión debe ser evaluada también por la capacidad de detectar y atender posibles irregularidades tributarias.
Alliana enfrenta el desafío de recuperar la confianza en las instituciones después de una crisis que sacudió al país. La ciudadanía espera algo más que la continuidad de los mismos funcionarios: espera explicaciones, controles que funcionen y autoridades dispuestas a rendir cuentas. Ratificar a Orué sin esclarecer primero estas cuestiones deja abierta una discusión que el nuevo Gobierno no debería pasar por alto.
