Pedro Alliana comienza haciendo bien las cosas. Su decisión de recortar más de 20.000 millones de guaraníes del presupuesto previsto para la Presidencia en 2027, reduciendo pasajes, viáticos, gastos reservados y otras partidas para destinar esos recursos a medicamentos, es una medida saludable para dar inicio a soluciones de fondo. En medio de la crisis de ueno Bank, cuando las familias afectadas viven en la incertidumbre sobre el destino de sus ahorros, el poder político debe comenzar por revisar sus propios gastos. La austeridad exige dar el ejemplo desde arriba.
No está en juego, obviamente, que estos recortes permitan saldar el agujero que dejó ueno Bank. Las respuestas financieras y judiciales que reclama esa crisis tienen otra dimensión. Está en juego mostrar determinación ante un pueblo que necesita recuperar la confianza en sus instituciones. La clase política debe dejar de autopercibirse como una casta dotada de privilegios. El voto popular no es fuente de legitimidad para latrocinios ni ventajas económicas, sino para la defensa de los altos intereses de la patria. Gobernar obliga a servir al país, no a servirse de él.
Pero los gastos superfluos son apenas una parte del problema. La mayor sangría de recursos públicos se produce donde se decide cómo y a quién comprar: en los sobrecostos de las licitaciones, que alimentan las estructuras coimeras instaladas alrededor de la toma de decisiones del Estado. Un pasaje menos representa un ahorro; una adjudicación direccionada puede comprometer recursos infinitamente superiores. Allí debe concentrarse la ofensiva contra la corrupción: pliegos transparentes, controles reales de precios, trazabilidad de cada adjudicación y responsabilidades personales de quienes autorizan el gasto. Alliana debe impulsar, además, leyes que establezcan sanciones penales más duras para los funcionarios condenados por corrupción, inhabilitaciones efectivas y mecanismos rigurosos para recuperar el dinero sustraído.
La señal que sale de la Presidencia debe convertirse ahora en una directiva contundente para todos los ministros. Cada cartera tiene que revisar su presupuesto, eliminar privilegios, examinar sus contrataciones y explicar públicamente los resultados. Esa revisión también debe alcanzar la propia estructura del Estado. Es hora de suprimir instituciones que consumen dinero público sin ofrecer resultados de impacto. El CONES es un caso emblemático en la educación superior: una burocracia de escasa eficacia cuyas funciones pueden reorganizarse e integrarse a la ANEAES. El presupuesto público no puede seguir financiando organismos por el simple hecho de que existen.
El recorte anunciado por Alliana debe ser el comienzo de una política de fondo, no un gesto aislado. La crisis abrió una oportunidad para corregir privilegios, cerrar estructuras inútiles y enfrentar el circuito de sobreprecios y coimas que erosiona los recursos de todos los paraguayos. La ciudadanía espera decisiones, responsabilidades y consecuencias para quienes convierten la función pública en un negocio privado. Alliana empieza por donde corresponde; ahora tiene que demostrar que esa determinación alcanza también a los ministros, a las licitaciones y a los intereses que se benefician del desorden estatal.
