A través del programa informático israelí Pegasus, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados de manera ilegal, según la denuncia realizada.
El Gobierno español presentó una denuncia ante la justicia en la que asegura que los teléfonos celulares del presidente, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron objeto de escuchas «ilegales» y «externas» a través del programa informático israelí Pegasus, intromisión que permitió el robo de «gran cantidad de información».
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional -un tribunal español que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional- , las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021, en el teléfono móvil de Sánchez, y en esta última fecha en el de Robles.
Los piratas informáticos extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno una enorme cantidad de información: 2,6 gigas en la primera intrusión; y 130 megabites, en la segunda, mientras en el aparto de la titular de Defensa el robo fue menor: 9 megas, informó la agencia de noticias AFP.
De acuerdo al reporte de la Agencia Télam, el Gobierno desconoce cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, pero se trata, en ambos casos, de las líneas institucionales, no privadas.
«No son suposiciones», declaró, durante una conferencia de prensa convocada con carácter urgente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que habló de «hechos de enorme gravedad» ocurridos en 2021.
«Tenemos la absoluta seguridad de que se trata de un ataque externo (…) porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial», indicó Bolaños.
«En este caso, no se ha producido ninguna de las dos circunstancias», agregó. «Por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención que es externa», subrayó el ministro que no precisó si las autoridades españolas manejan algún indicio sobre quién puede estar detrás de esta intervención ni de si piensan en algún país extranjero.
«Cuando hablamos de que es una intrusión externa, lo que queremos decir es que es ajena a los organismos estatales y que no cuenta con autorización judicial», precisó.
Sánchez anunció que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) abriría una investigación interna y se comprometió a «rendir cuentas».
