Mientras Milei se debilita en Buenos Aires y el primer mundo enfrenta estallidos sociales, Paraguay bajo Santiago Peña fortalece al Estado: recupera niveles productivos prepandémicos, ordena fiscalmente el país y avanza con políticas sociales para sectores populares y clases medias.
Por: Héctor Gayoso
En la región, el panorama político ha experimentado giros drásticos con el ascenso de gobiernos que promovieron enfoques libertarios y antiestatales, como Javier Milei en Argentina o, en su momento, Jair Bolsonaro en Brasil. Ambos defendieron la privatización de sectores estratégicos como la salud y la educación, y el presidente argentino llegó incluso a declarar que su meta era “destruir el Estado desde adentro”.
Paraguay, sin embargo, bajo la conducción de Santiago Peña, ha seguido un rumbo distinto. Lejos de sumarse a la ola de debilitamiento del Estado, ha optado por un modelo nacional que lo fortalece en áreas clave, sin renunciar al crecimiento económico ni a la disciplina macroeconómica. Contra los pronósticos de un giro exclusivamente promercado, la administración Peña ha desplegado una presencia estatal activa en educación, salud, vivienda, transporte e infraestructura, consolidando un modelo adaptado a las necesidades del país.
Uno de los programas más emblemáticos es “Hambre Cero en las Escuelas”, que asegura alimentación diaria a miles de niños en situación de vulnerabilidad, combate la deserción escolar y dinamiza las economías locales al comprar los insumos a productores nacionales. A ello se suma la creación de empleos registrados en las empresas proveedoras de alimentos, lo que convierte a este programa en una política social y económica de doble impacto.
En salud, la administración Peña inauguró hospitales de alta complejidad en Coronel Oviedo y Encarnación, y tiene en agenda nuevos centros en Asunción, Ciudad del Este y Santaní. Dotados de tecnología de punta y personal especializado, son un mensaje claro: el acceso universal y gratuito no está reñido con la calidad.
En educación superior, la ANEAES implementó el nuevo sistema de evaluación por fases, que coloca la mejora continua en el centro del modelo y asegura estándares de calidad en carreras de grado y posgrado, con especial atención a la formación médica. El Estado, así, recupera un rol de rectoría sobre la calidad educativa, fortaleciendo la confianza en las instituciones.
El INDERT, por su parte, ha alcanzado cifras récord en titulación de tierras a familias campesinas, superando a gestiones anteriores y dando respuesta a una deuda histórica. Más allá de lo simbólico, la titulación impulsa la independencia económica de los productores rurales y reactiva las economías locales. En palabras de Roberto L. Petit: “sin tierra no hay libertad para accionar, sino esclavitud”.
En vivienda, bajo la conducción del ministro Juan Carlos Baruja, se prevé un incremento sustancial en la entrega de hogares a familias que nunca accedieron a uno propio, con la meta de superar ampliamente los niveles de gobiernos anteriores. En transporte, se puso en marcha un ambicioso plan de modernización del sistema público, con nuevas unidades que mejorarán la movilidad y reducirán la congestión urbana. Todo ello se complementa con inversiones sostenidas en carreteras y obras de infraestructura que buscan integrar el territorio y potenciar la competitividad del país.
Este enfoque no responde únicamente a circunstancias coyunturales. En realidad, conecta con principios históricos del coloradismo: la convicción de que la intervención estatal en la economía es “una condición necesaria para el desarrollo progresivo”, como afirmaba Fulgencio R. Moreno. El gobierno de Peña se inscribe, así, en estricta continuidad con la doctrina social del Partido Colorado, que ha sabido mantener un equilibrio eficaz entre la incorporación de sectores históricamente excluidos y la viabilidad del orden en su capacidad de reproducción.
Frente al dogmatismo libertario de Milei —que recientemente recibió una paliza electoral en la provincia de Buenos Aires— y frente a los desastres sociales del primer mundo, donde la conflictividad se resuelve a balazos como el reciente asesinato de Charlie Kirk, Paraguay muestra un contraste nítido: recupera sus niveles productivos prepandémicos, ordena fiscalmente el país y avanza en proyectos sociales orientados tanto a los sectores populares como a las emergentes clases medias.
Así, mientras en varios países vecinos avanza la prédica de que el Estado debe reducirse a su mínima expresión, Paraguay ensaya un camino propio. Un modelo donde el Estado no es un obstáculo, sino un motor de desarrollo y cohesión social; no un aparato a destruir, sino una herramienta para ampliar derechos y oportunidades.
En definitiva, la gestión de Santiago Peña ha reivindicado la vigencia de un proyecto nacional que fortalece al Estado sin sofocar la economía. Un modelo que, lejos de las recetas extremas, combina crecimiento con justicia social y que empieza a delinear un contraste claro: en tiempos donde muchos se obsesionan con achicar el Estado, Paraguay demuestra que hacerlo fuerte es todavía la mejor apuesta al futuro.
