El presidente Santiago Peña promulgó la nueva Ley de Arbitraje durante una reunión con ministros de la Corte Suprema de Justicia. La norma moderniza el marco legal, define con mayor claridad el arbitraje con el Estado y busca fortalecer la confianza de inversores nacionales y extranjeros.
El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó este martes la nueva Ley de Arbitraje en el marco de una reunión con ministros de la Corte Suprema de Justicia, en un acto que subrayó el carácter institucional y consensuado de la reforma, considerada clave para la seguridad jurídica del país.
El asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, explicó que el decreto fue firmado simbólicamente en la sede del Poder Judicial debido a que la norma es el resultado de un trabajo conjunto desarrollado durante los últimos dos años. “Paraguay tiene a partir de hoy, con esta Ley 7561, una de las leyes más modernas del mundo en materia de arbitraje”, afirmó.
Moreno destacó que la promulgación en la Corte Suprema tiene un fuerte valor simbólico, al reflejar avances en la consolidación del marco jurídico y en la imagen del país ante la comunidad internacional. En ese sentido, señaló que, tras alcanzar una segunda certificación de grado de inversión, Paraguay se posiciona en un escenario más competitivo para atraer grandes inversiones, lo que exige reglas claras y confiables.
Uno de los principales cambios introducidos por la nueva ley es la definición precisa de los casos en los que el Estado puede someterse a arbitraje. Según explicó el asesor, la normativa anterior generaba incertidumbre, especialmente en contratos con instituciones públicas. La nueva ley establece criterios detallados sobre cuándo procede el arbitraje en causas que involucren al Estado, un aspecto considerado clave para proyectos de gran escala, asociaciones público-privadas y concesiones.
Asimismo, la normativa fija reglas más claras sobre la intervención del Poder Judicial en apoyo al arbitraje, delimitando su competencia para asistir a los árbitros y regulando de manera más integral los supuestos de nulidad de los laudos arbitrales. Este punto fue señalado como uno de los mayores focos de conflicto durante los últimos 20 años de vigencia de la legislación anterior.
La nueva ley también simplifica la ejecución de los laudos arbitrales, con el objetivo de crear un ecosistema normativo más sólido y previsible, que otorgue mayor fuerza y eficacia a este mecanismo de resolución de conflictos.
Desde el sector privado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, Ricardo Dos Santos, valoró la promulgación de la norma y sostuvo que el arbitraje y la mediación son herramientas fundamentales para el desarrollo económico. Señaló que la seguridad jurídica y los mecanismos ágiles de resolución de controversias son condiciones indispensables para atraer inversiones y fortalecer la competitividad del país.
Dos Santos afirmó que la nueva ley permitirá superar dificultades históricas del arbitraje, especialmente en la sostenibilidad y ejecución de los laudos, y contribuirá a generar un entorno más favorable para la inversión, la creación de empleo y el fortalecimiento de áreas clave como educación, salud y seguridad.
