Porfiria Ocholasky informó que los gremios de funcionarios judiciales definirán el 17 de febrero un calendario de movilizaciones que incluye reducción progresiva de la jornada laboral y tres días de cese total en marzo, además de una eventual denuncia contra el Ministerio de Economía.
La secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (SIFJUPAR), Porfiria Ocholasky, anunció que los distintos gremios que integran la denominada “familia judicial” definirán el próximo 17 de febrero un calendario de medidas de fuerza que contempla una huelga gradual desde el 18 de febrero.
Según explicó, la convocatoria incluye a fiscales, defensores públicos, funcionarios y magistrados, quienes deberán ratificar en asamblea el esquema de movilización ya consensuado por la comisión organizadora.
De aprobarse el cronograma, del 18 de febrero al 13 de marzo se realizará una reducción de actividades de una hora diaria, de 12:00 a 13:00. A partir del 16 de marzo, la medida se intensificará de manera progresiva, agregando una hora de cese por día hasta alcanzar cinco horas diarias de paralización.
Además, se prevé que los días 23, 24 y 25 de marzo se concrete un cese total de actividades en todo el sistema judicial.
Ocholasky señaló que, una vez ratificada la decisión, se comunicará formalmente a la Corte Suprema de Justicia. También indicó que, por tratarse de una movilización que incluye por primera vez a magistrados, se informará a organismos internacionales, teniendo en cuenta que Paraguay preside actualmente la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Judiciales.
En paralelo, la dirigente hizo referencia a la posibilidad de una denuncia penal vinculada al manejo de los fondos previsionales. Explicó que los magistrados solicitarán un informe al Ministerio de Economía para conocer el destino de los aportes de la caja del Poder Judicial.
Sostuvo que, según los datos que manejan, la caja judicial no es deficitaria y cuenta con un superávit aproximado de 320.000 millones de guaraníes. En función de la información que se reciba, adelantó que podrían presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.
Las medidas anunciadas se enmarcan en el rechazo de los gremios judiciales a la reforma de la Caja Fiscal y podrían impactar en el normal funcionamiento del sistema de justicia en las próximas semanas.
