La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas por presunta producción de documentos públicos de contenido falso y reencauzó el proceso judicial, habilitando que la causa avance hacia juicio oral y etapa de sentencia.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el sobreseimiento definitivo por prescripción del senador Hernán David Rivas, quien había sido procesado penalmente por su presunto título falso de abogado.
La decisión fue adoptada por los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y el camarista Arnaldo Fleitas, dejando sin efecto puntos de la resolución dictada por el juez Penal de Garantías Miguel Palacios, que había declarado la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
La agente fiscal Patricia Sánchez explicó que el fallo de la máxima instancia judicial “reencauza el proceso judicial” y valida la posición sostenida por el Ministerio Público desde el inicio de la causa.
“Para nosotros esta decisión es muy significativa como operadores de justicia”, afirmó la fiscal en comunicación con radio 650 AM.
Según explicó, al quedar firme el fallo de la Corte, la causa deberá ser elevada a juicio oral y avanzar posteriormente hacia la etapa de sentencia.
Sánchez detalló que al exsenador Rivas se le atribuyen tres cuestiones fácticas relacionadas con haber declarado falsamente su condición de abogado, lo que derivó en la producción de documentos públicos de contenido falso.
Entre ellos mencionó la resolución de la Cámara de Diputados que lo designó representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la resolución de la Cámara de Senadores que lo nombró representante ante el mismo órgano y la obtención de la matrícula de abogado emitida por la Corte Suprema de Justicia.
“Desde el Ministerio Público estaremos demostrando en el juicio que Rivas presentó documentos de contenido falso”, sostuvo la fiscal.
La representante del Ministerio Público también calificó el fallo como “una reivindicación” de la postura jurídica planteada por la Fiscalía durante el proceso, señalando que los agravios expuestos tras la audiencia preliminar finalmente fueron acogidos por la Corte.
