La decisión del ministro Luis Ramírez de mantener la exigencia de acreditación para el registro de títulos a partir de 2028 introduce un cambio de enorme importancia en la educación superior paraguaya. Después de años durante los cuales evaluación, acreditación y reconocimiento estatal transitaron por caminos que pocas veces se encontraban, el MEC comienza a otorgar consecuencias concretas a la calidad demostrada. El paso siguiente debe alcanzar al resto del Estado.
Durante más de veinte años, Paraguay construyó un sistema de evaluación de la educación superior cuya importancia formal contrastó muchas veces con el escaso peso que el propio Estado concedía a sus resultados. Las instituciones podían someter sus carreras a evaluación, recibir la visita de pares académicos, identificar debilidades, ejecutar planes de mejora y finalmente obtener una acreditación, mientras otras podían permanecer fuera de ese proceso sin que la diferencia produjera consecuencias proporcionales al esfuerzo realizado. La calidad era reconocida, pero ese reconocimiento convivía con un Estado que continuaba tratando de manera semejante situaciones académicas muy distintas. La decisión del ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, de sostener que desde 2028 el MEC registrará títulos de carreras acreditadas altera esa lógica y establece un precedente que puede modificar profundamente la educación superior paraguaya.
La determinación adquiere mayor relevancia porque aparece precisamente cuando autoridades de universidades públicas y privadas procuran una nueva postergación de la exigencia. Según informó ABC Color, representantes del sector solicitaron extender hasta 2030 un plazo que ya había sido prorrogado por tres años. Ramírez rechazó esa posibilidad con un argumento difícil de controvertir: después de dos décadas de vigencia del sistema de aseguramiento de la calidad, exigir acreditación difícilmente pueda presentarse como una imposición intempestiva. Cada nueva prórroga debilitaría además a las instituciones que hicieron aquello que el sistema esperaba de ellas, destinaron recursos a sus procesos de evaluación, corrigieron deficiencias y aceptaron someter la calidad que proclaman al examen de terceros.
Hay que decir, además, algo que suele quedar disimulado detrás del lenguaje prudente de los comunicados institucionales. Una parte de la resistencia no parece provenir de una preocupación genuina por la educación superior, sino de quienes durante años encontraron rentabilidad en un sistema de escasas consecuencias para la mediocridad. Alrededor de la educación universitaria paraguaya también prosperó un negocio basado en la simulación académica: carreras que existen formalmente, títulos que se multiplican y estructuras que cumplen con la apariencia exterior de una universidad sin asumir con igual seriedad las obligaciones intelectuales que esa palabra supone. El daño provocado por ese modelo trasciende a sus propios estudiantes, porque cada diploma cuya calidad resulta difícil de defender erosiona un poco el valor de todos los demás. Cuando la sociedad comienza a desconfiar del título universitario, terminan pagando también quienes estudiaron con rigor y las instituciones que hicieron las cosas bien.
Por eso resulta particularmente irritante el lobby de algunos rectores para conseguir otra postergación. Quienes hicieron del negocio de la mediocridad una actividad lucrativa tienen en Paraguay innumerables oportunidades para emprender en otros rubros, y quizá ese sea el mejor servicio que puedan prestar ahora a la patria. La universidad no puede seguir funcionando como aguantadero de quienes necesitan que los controles nunca lleguen a tener consecuencias. Sus conspiraciones pueriles, sus presiones de pasillo y sus sucesivos intentos de aplazar lo inevitable recuerdan el aleteo enfático de una gallina: mucho movimiento, bastante ruido y la apariencia fugaz de que finalmente levantará vuelo, aunque apenas unos segundos después vuelva a encontrarse exactamente donde estaba. El Estado no debe retroceder ante ese espectáculo. Después de veinte años de evaluación y sucesivas oportunidades para adecuarse, quien todavía necesita escapar de la acreditación tiene que explicar por qué, en lugar de exigir que todo el sistema vuelva a esperarlo.
La importancia histórica de la posición asumida por el ministro reside, sin embargo, en algo que supera ampliamente la controversia sobre una fecha. Desde la rectoría del sistema educativo que corresponde al MEC, el Estado empieza a reconocer el valor de la práctica evaluativa y a convertir la acreditación en un verdadero estándar de política pública. Durante demasiado tiempo pudo instalarse la impresión de que acreditar constituía una distinción deseable para las instituciones interesadas en exhibir calidad, pero prescindible para aquellas dispuestas a continuar sus actividades sin demostrarla. Cuando el registro del título queda vinculado a la acreditación, aquella diferencia deja de ser retórica y adquiere una consecuencia que estudiantes, universidades y sociedad pueden comprender con absoluta claridad.
La acreditación tampoco puede reducirse al acto administrativo que aparece al final del proceso. Detrás de ella existe una práctica institucional mucho más valiosa, porque obliga a una carrera a examinar sus resultados, reunir evidencias, confrontar la imagen que posee de sí misma con una evaluación externa y convertir las deficiencias encontradas en compromisos de mejora. Una universidad que incorpora esa cultura aprende progresivamente a mirarse con mayor rigor y a justificar sus decisiones sobre algo más sólido que la costumbre o la percepción de sus propias autoridades. Allí se encuentra uno de los aportes centrales de la evaluación: introduce dentro de la vida universitaria una disciplina de reflexión, contraste y mejora continua que ninguna declaración institucional sobre la excelencia puede reemplazar.
Existe además una cuestión elemental de responsabilidad pública. La autonomía universitaria constituye una garantía indispensable para la vida académica, aunque de ella no puede derivarse el derecho a que el Estado otorgue idéntico reconocimiento a cualquier oferta educativa con independencia de su calidad. Un título universitario produce efectos fuera de la institución que lo expide, habilita trayectorias profesionales, permite acceder a concursos y becas, abre las puertas de estudios posteriores y certifica ante terceros que una persona recibió determinada formación. La sociedad deposita confianza en ese documento precisamente porque supone que detrás de él existe algo más que la voluntad de una universidad de imprimirlo. En un momento en que los casos de títulos de dudosa procedencia han deteriorado esa confianza, la respuesta sensata consiste en fortalecer los mecanismos capaces de ofrecer garantías y no en debilitarlos. El propio Ramírez advirtió que la desconfianza actual termina perjudicando a las universidades públicas y privadas, porque coloca bajo sospecha el valor de su producto académico.
Por esa misma razón, una nueva postergación produciría un efecto particularmente injusto. Las instituciones que asumieron durante años los costos académicos, administrativos y financieros de la evaluación descubrirían que haber cumplido a tiempo apenas las diferencia de quienes aguardaron sucesivas extensiones de los plazos. Un sistema que repite esa conducta termina por enseñar exactamente lo contrario de aquello que pretende promover, porque convierte el cumplimiento en una opción y la excepción en una expectativa razonable. La firmeza expresada por Ramírez corta esa secuencia y transmite una señal distinta: las reglas de calidad que el Estado establece para la educación superior deben llegar alguna vez al momento en que efectivamente se cumplen.
El alcance de esta decisión tampoco debería agotarse en el registro de títulos. Si el Estado paraguayo reconoce que la acreditación constituye una evidencia pública de calidad, tendrá que incorporar progresivamente esa diferencia a sus propias decisiones. Carecería de coherencia exigir a las universidades enormes esfuerzos para acreditar sus carreras y después ignorar completamente el resultado cuando el mismo Estado selecciona funcionarios, financia estudios o distribuye recursos destinados a la formación. La acreditación debería tener una ponderación específica en los concursos públicos y convertirse en un criterio relevante para las becas financiadas con dinero público, incluso para establecer sus montos cuando corresponda, de manera que los incentivos estatales acompañen a las instituciones y programas capaces de demostrar calidad.
La posición asumida por el ministro de Educación Luis Ramírez puede marcar, por eso, un punto de inflexión. Paraguay ya dispone de instituciones, experiencia acumulada y procedimientos destinados a evaluar su educación superior; lo que faltaba era que el resultado de esa evaluación comenzara a pesar en las decisiones concretas del poder público. El MEC ha dado el primer paso al vincular acreditación y registro de títulos, y sostenerlo frente a las presiones constituye una definición política que merece respaldo. Ahora corresponde extender esa misma lógica al resto del aparato estatal, hasta que estudiar en una carrera acreditada represente una diferencia reconocible en concursos, becas y políticas de formación. Solo entonces la calidad demostrada dejará de ocupar un lugar periférico en la relación entre las universidades y el Estado y pasará a convertirse, como debe ser, en uno de los criterios mediante los cuales la República reconoce, estimula y recompensa el esfuerzo por mejorar su educación superior.
Fuente: ABC Color, 17 de agosto de 2026, “Pese a lobby de rectores, MEC ratifica que no registrará títulos sin acreditación en el 2028”.
