Paraguay registró 14.533.495 movimientos migratorios durante 2025, la cifra más alta de su historia y un crecimiento del 39% en apenas un año. Esta semana, Migraciones impidió el ingreso de dos extranjeros con antecedentes criminales. En un país cada vez más conectado con el mundo, controlar semejante circulación se convirtió en una cuestión de seguridad nacional.
Catorce millones y medio de movimientos representan una escala que obliga a mirar nuestras fronteras de otra manera. Paraguay está recibiendo más visitantes, aumenta su conectividad y organiza acontecimientos internacionales capaces de movilizar a miles de personas. El Aeropuerto Silvio Pettirossi superó por sí solo los 1,3 millones de pasajeros en 2025. Abrirse al mundo produce comercio, turismo e inversión, pero también exige un Estado capaz de controlar una circulación humana que crece rápidamente.
Esta semana aparecieron dos ejemplos concretos. Migraciones rechazó a un ciudadano estadounidense con antecedentes por secuestro y agresión y a un colombiano con antecedentes por tráfico de drogas y una condena por robo. El dato importante está en que ambos fueron detectados antes de ingresar. La seguridad fronteriza funciona precisamente cuando evita que una amenaza potencial tenga primero que convertirse en un delito cometido dentro del territorio nacional.
Los números muestran que tampoco estamos ante episodios excepcionales. Durante 2025 Migraciones realizó 2.697 procedimientos de seguridad, 23% más que el año anterior. Hubo 840 inadmisiones, 143 expulsiones, 47 extradiciones y 1.528 impedimentos de salida. Solamente en enero de 2026 se realizaron otros 560 procedimientos. Detrás de esas cifras existe una capacidad estatal que pocas veces ocupa titulares porque su éxito consiste, justamente, en impedir que algo ocurra.
Santiago Peña busca un Paraguay conectado con el mundo, capaz de recibir inversiones, turistas y acontecimientos como el WRC que comienza esta semana en Itapúa. Esa apertura necesita controles modernos. Bases de datos, alertas internacionales, documentos biométricos e intercambio de información permiten detectar riesgos entre millones de movimientos legítimos. La cooperación con Interpol y con los organismos de seguridad de otros países adquiere así una importancia práctica: conocer un nombre sirve poco si el Estado desconoce qué antecedentes existen detrás de él.
La frontera terrestre seguirá siendo el desafío principal. Paraguay comparte extensos límites con Argentina, Brasil y Bolivia y mantiene una circulación cotidiana indispensable para numerosas ciudades. Encarnación-Posadas concentra por sí sola un volumen enorme: durante la temporada alta 2024-2025 registró más de un millón de movimientos en menos de dos meses. El control debe ser rápido porque paralizar una frontera perjudica la economía, y riguroso porque el crimen organizado aprovecha exactamente los lugares donde el Estado pierde capacidad de vigilancia.
Ese equilibrio exige reglas claras. Millones de paraguayos y extranjeros cruzan nuestras fronteras legítimamente para trabajar, comerciar, estudiar, visitar familiares o hacer turismo. Ninguna política seria puede tratarlos como sospechosos. La capacidad estatal consiste en identificar dentro de ese flujo creciente a quienes presentan un riesgo comprobable y actuar conforme a la ley. Tecnología, inteligencia y mejores sistemas permiten aumentar seguridad sin convertir cada paso fronterizo en una carrera de obstáculos.
Paraguay tuvo 10,4 millones de movimientos migratorios en 2024 y 14,5 millones en 2025. El salto ocurrido en apenas un año muestra un país que circula, recibe visitantes y aumenta sus conexiones internacionales. La política exterior de Peña apunta precisamente hacia una economía cada vez más abierta. La seguridad tendrá que crecer a la misma velocidad. Una frontera moderna debe conseguir algo difícil: que millones puedan atravesarla con facilidad y que quienes representan un riesgo serio descubran que Paraguay ya sabe quién está intentando entrar.
