La renuncia anunciada de centenares de médicos convirtió un conflicto salarial en un problema que puede afectar la capacidad de atención del sistema público. El Gobierno sostiene que el reajuste reclamado no puede financiarse en los términos planteados y prepara más recursos para Salud en 2027. La discusión presupuestaria debería incorporar una pregunta que sigue pendiente: cuánto dinero deja de recaudar Paraguay mediante beneficios fiscales que casi nunca vuelve a evaluar.
Las cifras conocidas después de la huelga obligan a tomar en serio el conflicto. Sinamed habla de 431 renuncias presentadas o en proceso, mientras el Ministerio de Salud registraba hasta ayer 61 ingresadas formalmente. En el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, 141 de sus 164 especialistas habrían comunicado su decisión de renunciar. Entre los cirujanos pediátricos y anestesiólogos la situación puede comprometer servicios que difícilmente encuentren reemplazos de un día para otro. El Gobierno necesita determinar rápidamente cuántas dimisiones se harán efectivas y qué áreas quedarían afectadas.
El reclamo económico también debe exponerse completo. Los médicos piden una remuneración de G. 8 millones por cargos de doce horas semanales, además del nombramiento de aproximadamente 9.000 contratados y mejores condiciones para trabajar. El Ministerio de Economía calcula que la nivelación planteada supone un aumento cercano al 76% y sostiene que el presupuesto no puede absorberlo. Para 2027, el Ejecutivo anuncia USD 270 millones adicionales para Salud y la desprecarización de 2.390 cargos. Entre lo reclamado y lo presupuestariamente posible existe una diferencia que tendrá que resolverse con números.
Paraguay tiene una presión tributaria considerablemente inferior al promedio latinoamericano. Esa característica forma parte de las ventajas que durante años permitieron atraer inversiones, sostener actividad empresarial y conservar un sistema impositivo relativamente sencillo. Sería un error responder a cada necesidad presupuestaria aumentando las tasas que pagan quienes ya están dentro del sistema. El espacio fiscal también se construye revisando el dinero que el Estado decidió dejar de cobrar y comprobando si las razones que justificaron esa decisión continúan existiendo.
La Ley 6380 de 2019 ofrece un buen punto de partida. Las entidades sin fines de lucro conservan beneficios tributarios bajo determinadas condiciones, entre ellas destinar sus rentas a los fines para los cuales fueron creadas. El Estado dispone de declaraciones, estados financieros y registros contables que permiten verificarlo. Seis años después de aquella reforma, la discusión debería concentrarse en la capacidad real de la administración tributaria para examinar esa información, controlar operaciones entre partes vinculadas y comprobar el destino de los excedentes.
La revisión tampoco debería limitarse a una categoría de contribuyentes. Paraguay necesita conocer el costo completo de sus exoneraciones, regímenes especiales e incentivos y evaluar periódicamente los resultados obtenidos. Un beneficio fiscal puede estar perfectamente justificado cuando genera inversión, empleo, educación, asistencia social o cualquier otro bien público previsto por la ley. Su continuidad requiere demostrarlo. Renunciar a recaudar es también una decisión presupuestaria y debería recibir un nivel de control comparable al que se aplica cuando el Estado decide gastar.
La crisis médica ofrece al Gobierno de Santiago Peña la oportunidad de ordenar esta discusión antes del estudio del Presupuesto 2027. Salud necesita recursos y el Ejecutivo ya anunció que recibirá más. También necesita una carrera sanitaria sostenible, medicamentos, infraestructura y una distribución de profesionales que permita atender fuera de Asunción. Cada compromiso permanente que se incorpore al presupuesto deberá tener una fuente igualmente permanente. Revisar beneficios fiscales que perdieron su justificación puede aportar recursos sin castigar al empleo formal ni deteriorar la competitividad del país.
Las renuncias médicas colocaron un plazo donde antes había una discusión abstracta. El Gobierno debe evitar que servicios esenciales pierdan especialistas y encontrar una salida fiscalmente sostenible al reclamo. El Congreso tendrá después que decidir cuánto dinero asignará a Salud en 2027. Antes de pedir un guaraní adicional al contribuyente que ya paga, existe una tarea pendiente: revisar cada guaraní que el Estado decidió no cobrar y comprobar que todavía exista una buena razón para hacerlo.
