Un grupo de senadores presentó un proyecto de ley que propone una moratoria de cinco años para la creación de nuevas universidades y para la habilitación de carreras de Derecho y Medicina. La iniciativa se apoya en los datos e informes de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y recoge las advertencias que la agencia formuló sobre la calidad y la habilitación de esas carreras.
Un grupo de senadores presentó ante la Cámara de Senadores un proyecto de ley que establece una moratoria temporal y excepcional para la creación de nuevas universidades y para la habilitación de carreras de Derecho y Medicina. La iniciativa apunta a frenar la masificación sin calidad y a fortalecer los mecanismos de evaluación, acreditación, fiscalización y transparencia de la educación superior.
El proyecto propone suspender por cinco años la recepción, tramitación y aprobación de nuevas solicitudes para crear universidades públicas o privadas, y prohíbe durante ese mismo plazo la habilitación de nuevas carreras de grado en Derecho y Medicina, así como de facultades, filiales o sedes destinadas a esas disciplinas. Quedan exceptuados los proyectos de creación de universidades que ya ingresaron al Congreso con expediente abierto.
El proyecto se sustenta, en buena medida, en la información y los señalamientos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Con datos de la agencia, la iniciativa expone que existen 58 universidades creadas por ley —10 públicas y 48 privadas— y que, en Derecho, solo 33 de las 191 titulaciones autorizadas están acreditadas, alrededor del 17%; en Medicina operan 43 programas en 25 universidades, de las cuales 22 cuentan con acreditación en el Modelo Nacional. La propuesta recoge, además, la preocupación que la ANEAES manifestó públicamente en marzo de 2026 sobre el procedimiento de habilitación progresiva de carreras de Medicina y sobre la delimitación de competencias entre los organismos de habilitación y de aseguramiento de la calidad. Durante la moratoria, la agencia tendría como prioridad la evaluación y acreditación de las carreras de Salud y Derecho ya habilitadas.
La iniciativa también crea un Registro Público Nacional de Carreras y Egresados, administrado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que reunirá de forma gratuita y accesible la información sobre la habilitación, la acreditación y el estado de cada carrera. Al cabo de los cinco años, el CONES y la ANEAES deberán presentar al Congreso un informe de evaluación de la moratoria. El texto fue recibido por la Cámara de Senadores el 10 de septiembre y aún debe seguir su trámite parlamentario.
