Los críticos de cotillón han instalado una narrativa persistente: que el gobierno no tendría una apuesta social, que lo social sería un adorno discursivo o una herencia administrada sin ambición. Esa lectura, repetida como estribillo de sobremesa televisiva, choca con la evidencia más básica: el Estado paraguayo puso en marcha en 2024 la reforma alimentaria escolar de mayor escala desde la transición democrática, el programa de transferencias monetarias más extendido del país cumple 20 años fortalecido y la cobertura de pensiones no contributivas a personas mayores avanza hacia la universalización. No hay maquillaje posible: lo social es presupuesto, alcance territorial y método de gestión, no es marketing.
Bajo la conducción del ministro Tadeo Rojas, el Índice de Pobreza Multidimensional comenzó a mostrar en 2024 un descenso de 1,52 puntos porcentuales. Este indicador, que mide privaciones concretas en condiciones de vida, escolaridad, acceso a empleo, infraestructura de la vivienda y servicios básicos, registró que más de 80.000 personas dejaron de estar en situación de pobreza multidimensional solo en 2024. El mismo ministerio impulsó la bancarización total y el georreferenciamiento de los hogares que reciben transferencias de Tekoporã, asegurando también la trazabilidad administrativa de condicionalidades en salud y educación. La política social aquí es gestión de datos a nivel nacional.
La política Hambre Cero es la prueba nuclear frente al eslógan fácil del desinterés social. A partir de su marco legal, Paraguay redefinió la alimentación escolar como derecho universal, desplazando un modelo disperso de asistencia intermitente por un sistema nacional de almuerzo escolar con criterios de equidad, compra pública a proveedores locales y encadenamientos con agricultura familiar, mipymes y producción nacional. A fines de 2024, el alcance llega a 7.050 instituciones educativas distribuidas en los 263 distritos del país, beneficiando a aproximadamente 1.050.000 estudiantes. La misma implementación proyecta la creación de 60.000 empleos directos vinculados a la provisión, distribución y preparación de alimentos. Cuando dicen “no hay apuesta social”, hay que responder con lo más tangible que tiene un Estado: la escala del derecho social en el territorio y el empleo que produce.
El programa de movilidad económica Tenonderã opera como segundo argumento empírico contra la caricatura crítica. Su diseño acompaña a familias que completaron su ciclo en transferencias condicionadas, otorgando capital semilla y tutoría productiva para que transiten hacia autoempleo y microempresas de base comunitaria: cría de animales menores, horticultura, manufactura de alimentos, oficios o servicios de cercanía. Este tránsito es planificado y verificado mediante la propia estructura territorial del ministerio. En un país donde el 60% de la migración es interna y el desarraigo educativo y laboral es un factor crítico en la movilidad social, este programa se vuelve un puente económico y de arraigo productivo local. Si algo distingue a la cartera actual es que no congela beneficiarios en la transferencia, los acompaña en su salida económica.
La pensión no contributiva alimentaria para personas mayores, administrada por el mismo ministerio, es el tercer vértice de la respuesta a los críticos. Desde 2025, la política avanza hacia la universalización a partir de los 71 años, con una cobertura que alcanzará el 100% de las personas de 71 años o más. Hoy el padrón llega a 338.755 beneficiarios, cubriendo el 77% de las personas mayores del país, e incorporando en 2024 a 38.000 nuevas personas en una sola ampliación automática de nómina, sin intermediarios, sin costos ocultos para el beneficiario. El presupuesto proyectado ronda los 409 millones de dólares anuales. Ningún perdedor discursivo puede llamar adorno a un programa financiado, operacionalizado y trazado con padrones reales y ampliaciones automáticas de derechos.
La estrategia social del gobierno paraguayo no es una intuición, es una matriz sistémica que cubre el ciclo de vida: infancia con almuerzo escolar universal, adultez con transferencias condicionadas masivas y tránsito emprendedor con capital semilla, vejez con pensión no contributiva en expansión universal. Todo esto descansa en instrumentos oficiales de medición como el INE, que audita privaciones, monitorea coberturas y calcula reducciones efectivas del IPM. Lo social aquí no es un pin partidario que se reparte en la plaza: es método de gestión de procesos, datos georreferenciados, condicionalidad verificable y, sobre todo, escala territorial del derecho social. La contraposición frente a los críticos de cotillón no debe ser estridente; alcanza con la evidencia: hay apuesta social porque hay Estado, hay alcance y hay presupuesto. La calidad, más que un estado, es la tendencia sostenida que se observa en las privaciones que descienden y los derechos que se amplían.
