La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por seis votos contra tres que el presidente Donald Trump se extralimitó al imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, al considerar que esa norma no autoriza al Ejecutivo a fijar derechos de aduana. El fallo bloquea una herramienta central de su agenda económica.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes 20 de febrero de 2026 que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que alteraron el comercio mundial. La decisión, adoptada por una mayoría de seis votos contra tres, concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no otorga al mandatario la facultad de establecer derechos de aduana.
El fallo bloquea una de las herramientas clave utilizadas por Trump para impulsar su agenda económica y diplomática. Según el máximo tribunal, si el Congreso hubiese tenido la intención de conceder al presidente un poder “distinto y extraordinario” para imponer aranceles mediante esa ley, lo habría hecho de forma expresa, tal como ocurrió en otros regímenes arancelarios aprobados por el Poder Legislativo.
La resolución se refiere específicamente a los aranceles presentados como “recíprocos” por el presidente, pero no alcanza a los gravámenes aplicados a sectores determinados como el automotriz, el acero o el aluminio. De este modo, el fallo delimita el alcance de la decisión sin invalidar la totalidad de las políticas arancelarias impulsadas desde la Casa Blanca.
Trump había comenzado a utilizar los aranceles como instrumento de presión y negociación durante su primer mandato, entre 2017 y 2021. Tras su regreso al poder en enero de 2025, anunció que recurriría nuevamente a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer nuevos gravámenes a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.
Además de los aranceles de carácter comercial, el presidente había promulgado tarifas aduaneras especiales contra países como México, Canadá y China, justificándolas en cuestiones vinculadas al tráfico de drogas ilícitas y a la inmigración. Estas medidas formaron parte de una estrategia más amplia para condicionar las relaciones bilaterales mediante instrumentos económicos.
La decisión de la Corte Suprema confirma sentencias previas de tribunales inferiores, que ya habían considerado ilegales los aranceles impuestos en virtud de la mencionada ley. En mayo, un tribunal comercial de primera instancia había determinado que el presidente se extralimitó al aplicar gravámenes generalizados y ordenó bloquear su entrada en vigor, aunque esa resolución había quedado en suspenso tras la apelación del Gobierno.
