La senadora colorada Blanca Ovelar cuestionó que la investigación sobre títulos universitarios no auténticos se presente como «un negocio de títulos falsos en el MEC». Sostuvo que el Ministerio de Educación no crea carreras ni expide diplomas de grado o posgrado, y que la responsabilidad primaria recae en las universidades e institutos que los emitieron. Reclamó que la pesquisa abarque toda la cadena y no solo el último eslabón.
La senadora colorada Blanca Ovelar salió al cruce del enfoque con que se difunde la investigación sobre títulos universitarios no auténticos y sostuvo que atribuir el caso al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) constituye una distorsión del problema. A través de un extenso mensaje en redes sociales, la legisladora —exministra de Educación— planteó que la responsabilidad institucional recae, en primer término, sobre las casas de estudio que expidieron los documentos.
Ovelar argumentó que el MEC no crea carreras universitarias, no desarrolla los procesos académicos ni expide títulos de grado o posgrado. Recordó que los diplomas cuestionados llevan el nombre, la firma y la responsabilidad de las universidades e institutos que debían garantizar que sus egresados ingresaron, cursaron, rindieron y cumplieron con los requisitos académicos. En esa línea, planteó que si un título fue emitido sin una trayectoria académica real, la primera pregunta debe dirigirse a la institución que lo expidió: quién matriculó al supuesto alumno, dónde están sus actas y calificaciones, y qué autoridades firmaron el documento.
La senadora admitió que también corresponde investigar si funcionarios del MEC participaron en la inscripción o el registro irregular de esos documentos, y sostuvo que eso debe esclarecerse «hasta las últimas consecuencias y sin proteger a nadie». No obstante, remarcó que una eventual complicidad interna o una falla de control no convierte al Ministerio en el origen de los títulos ni borra la responsabilidad de las universidades que los emitieron. Confundir la expedición de un título con su posterior registro, señaló, es una falacia que desplaza el centro del problema.
Ovelar reclamó, además, respetar la línea temporal del caso. Precisó que durante buena parte del período investigado la educación universitaria se desarrolló bajo un marco legal e institucional distinto, y que recién en 2013, con la promulgación de la Ley 4995 de Educación Superior, se reorganizó el sistema, se creó el Consejo Nacional de Educación Superior y se redefinieron las competencias del MEC. Por eso, advirtió, no se pueden proyectar mecánicamente las atribuciones actuales del Ministerio sobre tres décadas completas para construir una responsabilidad institucional uniforme.
La legisladora sostuvo que investigar solamente el último eslabón de la cadena y presentar todo como «un negocio del MEC» permite que las universidades involucradas «desaparezcan convenientemente del relato». A su criterio, la pregunta esencial permanece intacta: qué instituciones otorgaron esos títulos y quiénes, dentro de ellas, hicieron posible su emisión.
«Los títulos no nacieron en las oficinas del MEC», enfatizó Ovelar, al insistir en que alguien los fabricó, una universidad o instituto los expidió, sus autoridades los firmaron, alguien los utilizó y alguien facilitó su registro, y que cada uno debe responder por sus actos. Advirtió que reducir el caso a una sola repartición, cuando ello impide identificar a quienes emitieron y comercializaron documentos sin respaldo académico, deja de ser una confusión para convertirse en «una forma oportunista de encubrimiento político y comunicacional».
El planteamiento de la senadora se da en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre títulos falsos vinculados al MEC, una pesquisa que abarcaría alrededor de 26 años —con documentos no auténticos detectados desde el año 2000— y que apunta a una presunta red que podría involucrar a funcionarios, institutos, universidades y docentes.
