El Ministerio Público imputó al expresidente Santiago Peña por lesión de confianza y administración en provecho propio, y al expresidente del Banco Central Carlos Carvallo por esos mismos hechos punibles y por producción de documentos públicos de contenido falso. Entre los elementos citados figuran dos reuniones de Peña con el titular del IPS días antes de que la previsional comprara G. 250.000 millones en bonos de ueno y unos USD 200.000 en efectivo hallados en Mburuvicha Róga.
Los agentes fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Silvia González Véster, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez formularon este sábado imputación contra el expresidente de la República Santiago Peña Palacios y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo Spalding, en la causa penal N.º 92/2026. A Peña le atribuyen lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. A Carvallo, lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. En el mismo escrito, la Fiscalía pidió al juez penal de garantías la prisión preventiva de ambos y medidas cautelares sobre sus bienes.
Según el acta de imputación, Peña habría sido titular de 6.144 acciones de Ueno Holding, el 1,58% del capital, declaradas por G. 6.144 millones, que fueron rescatadas recién el 22 de marzo de 2025, casi dos años después de asumir la presidencia. A eso se sumaban un certificado de depósito en ueno por G. 2.400 millones y un bono de ITTI por G. 350 millones, que habría mantenido después del rescate. La Fiscalía señala además que su hermano, Francisco Peña Palacios, ingresó en 2024 como socio de U Holding, sociedad constituida en Luxemburgo por el Grupo Vázquez para controlar el banco.
El documento reconstruye la operación con el Instituto de Previsión Social (IPS). Peña habría recibido en su despacho al entonces presidente de la previsional, Jorge Brítez, los días 22 y 27 de agosto de 2024. «Cuarenta y ocho horas más tarde, el 29 de agosto de 2024, el Consejo de Administración del IPS habría aprobado la compra de bonos financieros emitidos por Ueno Bank por Gs. 250.000.000.000 a 7 años de plazo», indica el escrito, que agrega que los depósitos del IPS en el banco habrían llegado al 10,19% de su cartera, por encima del límite del 10% por entidad.
La imputación menciona también que el 13 de mayo de 2024 ueno otorgó a Peña dos préstamos por G. 3.548 millones para construir su vivienda en San Bernardino, con cuotas mensuales de G. 239 millones, «equivalentes a seis veces su remuneración presidencial». Y sostiene que el entonces mandatario habría tenido en su residencia oficial dos paquetes con unos USD 100.000 cada uno, hallados por el personal doméstico en octubre de 2024 y febrero de 2025, que habría recibido en mano en junio de 2025 «al margen del sistema financiero formal». Según los fiscales, Peña también habría recibido de forma reservada en la residencia presidencial a Miguel Vázquez, dueño del Grupo Vázquez, en cuatro ocasiones entre diciembre de 2023 y abril de 2025.
En el caso de Carvallo, la Fiscalía recuerda que presidió Financiera Ueno hasta el 14 de agosto de 2023 y que, 24 días después, asumió al frente del BCP sin dejar constancia de excusación en las decisiones sobre el banco. Durante su gestión, su esposa habría facturado al Grupo Vázquez G. 165 millones en concepto de consultoría. El escrito le atribuye haber firmado el 7 de octubre una nota al Senado en la que afirmó que los excesos de ueno estaban «subsanados», omitiendo los informes técnicos que alertaban sobre la solvencia del banco, y haber permitido que la entidad lanzara campañas de captación con reintegros del 50% hasta el 2 de noviembre, el día de la resolución.
Para justificar la prisión preventiva de Peña, los fiscales argumentan que «cuenta con solvencia financiera autónoma suficiente para sustraerse de la justicia ordinaria» y vínculos corporativos en Luxemburgo, y que los hechos imputados configuran un concurso con penas de hasta 15 años. Respecto de Carvallo, sostienen que la omisión de informes en la nota al Senado demuestra un riesgo de ocultamiento de pruebas. La Fiscalía solicitó además la inhibición general de vender y gravar bienes de ambos, la identificación e inmovilización de sus cuentas y activos financieros, y un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo.
