La degradación institucional del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) ha alcanzado un terreno particularmente peligroso: la formación de médicos especialistas. Mediante la Resolución N.º 376/2026, el organismo habilitó una Especialización en Medicina del Trabajo de apenas diez meses y 1.100 horas, de las cuales solamente 474 corresponden a trabajo docente. Un programa que permite obtener el título académico de especialista sin exigir una especialidad médica previa. La pregunta resulta inevitable: ¿en qué momento la formación de especialistas se convirtió en un simple trámite administrativo?
La gravedad de esta decisión aparece al confrontarla con las exigencias del Ministerio de Salud. Su catálogo oficial establece que Medicina del Trabajo comprende una residencia médica, mientras que el reglamento de residencias fija un mínimo de tres años para las especialidades troncales y dos para las subespecialidades. El programa habilitado contempla aproximadamente once horas semanales de docencia, frente a las 55 horas mínimas de actividad ordinaria de un residente, sin contar las guardias. La diferencia resulta escandalosa. Miles de médicos sacrifican años de su vida, soportan guardias interminables y asumen responsabilidades clínicas crecientes para alcanzar una especialización. El CONES degrada ese esfuerzo cuando habilita itinerarios académicos radicalmente más breves bajo la misma denominación profesional.
Otro caso inquietante aparece en la Resolución N.º 159/2026, que habilita una Especialización en Ecografía en Clínica Médica de quince meses. El catálogo sanitario admite esta formación sin una nueva residencia, pero exige haber completado previamente una especialidad en Clínica Médica, Radiología e Imagenología o Cirugía General. Sin embargo, la resolución pública omite los requisitos de ingreso y los campos de práctica, impidiendo verificar una condición esencial. A esto se suma la Resolución N.º 383/2026, que habilita una Especialización en Rehabilitación Oral cuya denominación no figura expresamente en el catálogo oficial de especialidades odontológicas. Son decisiones que exhiben la preocupante desarticulación entre las autorizaciones del CONES y las exigencias del sistema sanitario.
El verdadero problema es estructural. El CONES mantiene un reglamento que establece apenas 360 horas como mínimo general para las especializaciones, sin asegurar una articulación suficiente con los estándares específicos de formación médica. Así, un programa puede cumplir formalmente sus requisitos administrativos y resultar profundamente cuestionable frente a las exigencias profesionales de la especialidad que pretende otorgar. La irresponsabilidad regulatoria adquiere aquí una dimensión sanitaria. Una cosa es habilitar expedientes y otra muy distinta garantizar competencias clínicas. Las autoridades del Consejo Directivo deben explicar qué criterios técnicos justifican estas decisiones y qué mecanismos aseguran que los títulos autorizados correspondan a capacidades profesionales efectivamente adquiridas.
La salud de los paraguayos merece algo más que resoluciones administrativas y especializaciones aceleradas. El país necesita más médicos especialistas, pero necesita, ante todo, médicos verdaderamente especializados. La degradación de la formación médica constituye una afrenta al sacrificio de miles de profesionales y un riesgo que el Estado tiene la obligación de prevenir. Un organismo incapaz de garantizar estándares rigurosos en un ámbito tan sensible ha perdido de vista la finalidad pública que justifica su existencia. Cuando la burocracia termina sustituyendo el rigor académico y clínico, las consecuencias pueden pagarse con vidas humanas.
