La trayectoria reciente del Paraguay muestra una doble dinámica. Por un lado, una mejora sostenida en los indicadores de pobreza monetaria. Por otro, la persistencia de desigualdades que condicionan el alcance de esa mejora. La distancia entre ambos planos es la que define el tipo de proceso en curso.
Por Martín Duarte P.
La pobreza baja y los datos son claros. En los últimos años, Paraguay muestra una reducción sostenida de la pobreza monetaria: en 2025 alcanza al 16,0% de la población, frente al 24,5% registrado en 2022. En términos absolutos, alrededor de 985 mil personas viven con ingresos por debajo del costo de una canasta básica de consumo. La pobreza extrema, la forma más aguda de privación, también desciende hasta el 2,4% (INE, EPHC 2025).
Se trata de una mejora real, sostenida en el tiempo, lo cual permite afirmar que una parte importante de la población ha logrado superar los umbrales mínimos definidos para la medición de la pobreza. Sin embargo, lo que desciende es la pobreza monetaria, es decir, aquella que se mide en función de si los ingresos de los hogares alcanzan o no para cubrir un conjunto básico de bienes y servicios. Es un indicador indispensable para ordenar la discusión pública y orientar políticas, pero al mismo tiempo establece una frontera que no necesariamente coincide con las condiciones efectivas en las que transcurre la vida cotidiana.
Cuando se observa la distribución del ingreso, la escena se vuelve aún más exigente. El decil de mayores ingresos (10% superior) concentra el 34,5% del ingreso total, mientras que el decil de menores ingresos (10% inferior) accede apenas al 2,1% (INE, EPHC 2025). Esto implica que los hogares ubicados en la parte alta de la distribución capturan una proporción significativamente mayor de los recursos, mientras que en los tramos bajos la participación es reducida, incluso en contextos de mejora general de ingresos.
La reducción de la pobreza monetaria convive así con una estructura desigual en el reparto del ingreso que no se modifica en la misma proporción. Más personas logran ubicarse por encima de la línea de pobreza, pero lo hacen dentro de un esquema donde las distancias relativas entre deciles siguen siendo amplias y persistentes. En otras palabras, el desplazamiento por encima del umbral no implica necesariamente una convergencia en las condiciones económicas: la distribución del ingreso continúa delimitando trayectorias diferenciadas en términos de consumo, acceso y capacidad de acumulación.
Esa misma lógica se despliega a lo largo del territorio nacional cuando se distingue entre áreas urbanas y rurales. La pobreza monetaria alcanza al 22,1% de la población en zonas rurales, frente al 13,6% en las ciudades (INE, EPHC 2025). Pero la diferencia no se agota en la proporción de personas afectadas. En el ámbito rural, además, los hogares pobres no sólo son más: presentan una mayor distancia respecto a la línea de pobreza. La brecha —entendida como la diferencia entre los ingresos efectivos y el umbral necesario para cubrir necesidades básicas— alcanza el 29,8%, mientras que en áreas urbanas se ubica en 24,9% (INE, EPHC 2025).
Esto no es un dato abstracto. Se expresa en la vida cotidiana: trayectos más largos y costosos para acceder a servicios básicos, escasa dotación de infraestructura urbana, menor disponibilidad de empleo en el entorno cercano y mayores dificultades para sostener ingresos estables a lo largo del mes.
Por otra parte, el mercado de trabajo continúa siendo el principal sostén de los ingresos. El 84,2% de los recursos de los hogares proviene de actividades laborales (INE, EPHC 2025). Sin embargo, esa centralidad no equivale a estabilidad, previsibilidad económica y certidumbre.
En los sectores de menores ingresos, el trabajo sostiene la reproducción económica del hogar, pero muchas veces no alcanza. Los ingresos dependen del día a día: changas, ocupaciones inestables y combinaciones de actividades que obligan a reorganizar permanentemente el tiempo doméstico. Esta forma de inserción laboral no es marginal, sino extendida en Paraguay, donde la informalidad concentra a más de la mitad de la población ocupada —en torno al 58% según los últimos datos disponibles, y por encima del 60% en años recientes— (INE, EPHC 2025). En ese marco, la inestabilidad de los ingresos no es una excepción, sino una condición frecuente, que limita la capacidad de los hogares para sostener consumos básicos y proyectar la organización económica del hogar más allá del mes.
En ese contexto, se vuelve cada vez más visible una situación intermedia: hogares que logran ubicarse por encima de la línea de pobreza monetaria, pero que continúan expuestos a condiciones precarias. Familias que mejoran ingresos, pero siguen ajustando gastos hacia fin de mes, que postergan arreglos en la vivienda o que dependen de redes familiares para resolver situaciones adversas e imprevistas. La salida de la pobreza, en estos casos, no configura un estado consolidado, sino una posición que exige sostener equilibrios frágiles.
Las transferencias del Estado contribuyen a ese equilibrio. En los hogares de menores ingresos, programas como Adulto Mayor o Tekoporã, junto con el almuerzo escolar incorporado como ingreso en especie, tienen un peso relevante en la composición del ingreso (INE, EPHC 2025). Su impacto es claro en términos de reducción de la pobreza monetaria, ya que permiten completar ingresos que, de otro modo, no alcanzarían. Pero su efecto se concentra en sostener el consumo básico: cubrir alimentación, transporte, servicios esenciales o gastos escolares, evitando que el ingreso caiga por debajo de cierto umbral. Es un alivio que opera en el corto plazo, que permite sostener la reproducción cotidiana del hogar, pero que no necesariamente modifica las condiciones de fondo ni amplía los márgenes de estabilidad económica en el tiempo.
En este punto, el propio enfoque de medición muestra sus límites. La pobreza monetaria establece un umbral preciso, pero la vida social no se organiza en torno a ese corte. Superar una línea de ingreso no implica necesariamente mejores condiciones de vida: la posibilidad de transformar ingresos en bienestar depende de factores que exceden lo estrictamente monetario. Es en este plano donde los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) permiten ampliar la mirada, incorporando dimensiones como la calidad de la vivienda, el acceso a saneamiento, la asistencia escolar o la capacidad de subsistencia del hogar. Así, hogares con ingresos similares pueden enfrentar condiciones muy distintas según su acceso efectivo a estos bienes y servicios.
Desde esta perspectiva, es posible observar que un hogar puede dejar de ser pobre en términos monetarios y, al mismo tiempo, continuar enfrentando carencias significativas. La mejora en los ingresos no elimina automáticamente problemas vinculados al hacinamiento, a conexiones precarias de agua o electricidad, o a trayectorias educativas interrumpidas. Son dimensiones que no se resuelven con un ingreso levemente superior a la línea de pobreza y que, en muchos casos, siguen marcando el ritmo de la vida cotidiana.
Las diferencias territoriales refuerzan esta idea. Allí donde la infraestructura es más débil —en acceso a agua, conectividad, transporte o servicios de salud— el ingreso tiene menor capacidad de traducirse en bienestar efectivo. Un aumento en los ingresos no necesariamente reduce el tiempo de traslado al trabajo, ni mejora la calidad del entorno donde se vive, ni garantiza acceso oportuno a servicios básicos.
La trayectoria reciente del Paraguay muestra, por tanto, una doble dinámica. Por un lado, una mejora sostenida en los indicadores de pobreza monetaria. Por otro, la persistencia de desigualdades que condicionan el alcance de esa mejora. La distancia entre ambos planos es la que define el tipo de proceso en curso: uno en el que los ingresos aumentan, pero donde las condiciones estructurales que organizan las oportunidades de vida se modifican con mayor lentitud o rezago.
En este marco, los datos no deberían ser leídos únicamente como una señal de mejora, sino también como una oportunidad para identificar los desafíos pendientes. La reducción de la pobreza monetaria no resuelve por sí misma las condiciones que la hacen posible. Más bien, permite observar con mayor claridad aquellas dimensiones que permanecen relativamente estables: la desigualdad en la distribución del ingreso, la fragilidad del empleo y las brechas territoriales en el acceso a infraestructura y servicios.
Esto plantea una agenda de política pública que no se agota en la mejora de los ingresos. Implica intervenir sobre la calidad del empleo, ampliar la formalización, fortalecer las capacidades productivas y, de manera central, reducir las desigualdades territoriales. Supone también avanzar en la provisión de infraestructura básica y servicios que permitan transformar el ingreso en bienestar efectivo.
La reducción de la pobreza abre, en este sentido, una ventana de oportunidad. No porque resuelva el problema, sino porque cambia su forma y desplaza el foco. A medida que su incidencia disminuye, se vuelven más visibles las diferencias en la calidad de vida, en el acceso efectivo a servicios y en la estabilidad de las trayectorias socioeconómicas. Las situaciones de pobreza monetaria que antes concentraban la urgencia comienzan a dar lugar a la identificación, con mayor nitidez, de desigualdades en la calidad de vida, el acceso a servicios y la estabilidad de las trayectorias socioeconómicas como núcleo persistente del problema.
En este marco, el ingreso pierde centralidad como indicador suficiente. Considerado de manera aislada, no logra dar cuenta de las condiciones efectivas de vida. Su capacidad de traducirse en bienestar depende del entorno en el que se inserta: infraestructura disponible, acceso a servicios y condiciones de acceso. En este sentido, el ingreso requiere ser analizado en relación con estos factores, ya que su valor explicativo está mediado por las posibilidades concretas de los hogares para transformar ese ingreso en condiciones de vida sostenibles.
La cuestión, entonces, no es únicamente cuántas personas dejan de ser pobres, sino en qué condiciones lo hacen y con qué grado de estabilidad pueden sostener esa situación en el tiempo. Porque cuando las necesidades básicas continúan insatisfechas, la mejora en los ingresos modifica el indicador, pero no necesariamente transforma la fragilidad que atraviesa la vida cotidiana.
