El presidente del Congreso, Basilio Núñez, confirmó que acompaña la propuesta del senador opositor Eduardo Nakayama para impulsar una auditoría interna sobre títulos universitarios presuntamente irregulares dentro del Poder Legislativo. La revisión busca detectar posibles cobros indebidos de bonificaciones salariales y definir si corresponde iniciar sumarios o remitir antecedentes a otras instituciones.
El Congreso Nacional podría avanzar hacia una revisión interna de los títulos universitarios presentados por funcionarios legislativos para acceder a beneficios salariales. La iniciativa fue planteada por el senador Eduardo Nakayama, quien anunció que solicitará al pleno la aprobación de una auditoría para identificar eventuales documentos irregulares.
Nakayama sostuvo que el trabajo debería realizarse a través de la Dirección de Talento Humano del Congreso. Según explicó, el objetivo es determinar qué funcionarios podrían estar percibiendo bonificaciones gracias a títulos presuntamente falsos o emitidos por universidades actualmente bajo cuestionamiento.
La propuesta recibió el respaldo del presidente del Congreso y titular de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, quien expresó públicamente su apoyo a la iniciativa. El legislador oficialista afirmó que el cambio debe comenzar “desde casa” y que el Poder Legislativo debe dar el ejemplo para que la transparencia alcance también a otros poderes del Estado.
La auditoría apuntaría a verificar si existen casos de cobro indebido dentro del Congreso y, en caso de confirmarse irregularidades, determinar si corresponde abrir sumarios administrativos o remitir los antecedentes a organismos competentes.
De acuerdo con lo planteado, el proceso aún no tiene definido su mecanismo de ejecución. La propuesta deberá ser analizada por el plenario o, al menos, por los miembros de la Mesa Directiva, que deberán establecer qué organismos participarán en la verificación documental.
La iniciativa se instala en medio de un clima de creciente presión pública por la transparencia en la función pública, especialmente tras los cuestionamientos a títulos universitarios de autoridades y funcionarios. Para sus impulsores, la revisión podría convertirse en una señal institucional para recuperar credibilidad dentro del Poder Legislativo.
