El título universitario encarna un pacto: la sociedad reconoce un saber, el Estado certifica una competencia, el portador asume una responsabilidad. Romper ese pacto equivale a romper el contrato meritocrático que sostiene cualquier república decente. En Paraguay ese pacto fue violado en serie, durante años, ante la vista pasiva del organismo llamado precisamente a custodiarlo. La hora del ajuste de cuentas ha llegado.
El planteo del ministro César Garay ante la Corte Suprema desnuda el problema con precisión clínica. Pedir que el Consejo de la Magistratura identifique las universidades de origen de los doctorados de los ternados es exigir lo elemental: trazabilidad. Saber dónde, cuándo y cómo se cursó cada título. Esa información básica, que cualquier sistema universitario serio del mundo registra de oficio, en Paraguay debe solicitarse como un favor extraordinario. Ese hecho retrata el desastre.
El registro nacional de títulos opera como una caja negra. Cualquier institución con un simple sello puede inscribir cualquier grado, con cualquier carga horaria, en cualquier modalidad. La verificación posterior es prácticamente inexistente. Doctorados cursados mientras el supuesto doctorando ejercía un cargo a tiempo completo a quinientos kilómetros del aula. Tesis fantasmas. Programas habilitados ausentes de toda visita evaluadora. El registro guarda silencio sobre todo eso. Ahí está la grieta por donde se filtra el negocio.
Conviene nombrar al responsable institucional. El Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, fue concebido como rector del sistema universitario. La realidad operativa es otra: el CONES funciona como un simple consejo de rectores que se evalúan entre sí. Quienes deben fiscalizar a las universidades son las propias universidades. El conflicto de interés es estructural, evidente, indisimulable. Ese diseño de autorregulación corporativa explica la inacción crónica frente a la proliferación de carreras truchas y diplomas regalados. Pedirle al CONES que sancione a sus propios miembros equivale a pedirle al cordero que se sacrifique solo.
Mientras tanto, la ANEAES ha hecho su trabajo. La agencia identificó el foco infeccioso, presentó datos, formuló denuncias técnicas y solicitó al CONES la intervención de las cien carreras de Derecho del país. Cien. La respuesta del CONES ha sido la del avestruz: cabeza enterrada, escándalo creciente, complicidad por omisión. Esa omisión tiene nombres, tiene firmas, tiene actas. La ciudadanía tiene derecho a conocerlos.
El gobierno del presidente Santiago Peña tiene en este expediente una oportunidad refundacional. Devolverle al diploma paraguayo su valor será una conquista histórica equiparable a las grandes reformas institucionales del país. El Ejecutivo cuenta con el respaldo de la Corte Suprema, con el músculo técnico de la ANEAES y con la legitimidad democrática para actuar. El momento exige decisión política al máximo nivel.
Las medidas urgentes son tres. Primero, una auditoría nacional de los títulos de posgrado registrados en la última década, con publicación abierta de resultados y revocación inmediata de los espurios. Segundo, una reforma profunda del CONES que desmonte la autorregulación corporativa y devuelva al Estado la rectoría real del sistema. Tercero, la apertura de procesos penales contra los traficantes: el Código Penal sanciona la falsedad ideológica, la falsedad documental, el ejercicio ilegal de profesión y la asociación criminal. Esos tipos penales fueron escritos para situaciones como esta.
Los traficantes de títulos deben pagar sus culpas con todo el peso de la ley. Cada rector firmante de un diploma vacío, cada decano que toleró aulas fantasma, cada gestor que cobró por gestionar el fraude, cada funcionario que registró sin verificar: la cadena entera debe responder ante la justicia. La impunidad alimenta el negocio. El procesamiento penal lo extingue. El Estado paraguayo posee las herramientas; el momento exige usarlas.
La sociedad reclama esta limpieza con todo derecho. El estudiante honesto que cursó cada materia la reclama. El abogado serio que rindió cada examen la reclama. El médico formado bajo controles rigurosos la reclama. El docente que ganó su cargo por concurso la reclama. El ciudadano que paga impuestos para sostener un sistema universitario serio la reclama. Todos ellos merecen un país donde el título signifique algo.
Restituir el valor del diploma equivale a restituir el valor del mérito, y restituir el valor del mérito equivale a restituir el valor del Estado. La cadena virtuosa es exactamente inversa a la cadena viciosa que hoy queda al descubierto. Paraguay encuentra ahora la oportunidad de pasar la página: el sistema universitario que viene se construye con títulos verdaderos, con instituciones serias y con los traficantes y sus cómplices en el banquillo.
