La irrupción de Abelardo de la Espriella en Colombia exige una lectura que rebase el ascenso electoral de un abogado mediático y supere la mera reacción conservadora contra el gobierno de Gustavo Petro, porque su figura condensa una transformación profunda de la política latinoamericana, marcada por el cansancio de sociedades que reclaman bastante más que reformas graduales y promesas de inclusión. Lo que emerge es la demanda de señales visibles de mando y de ruptura frente a un sistema que la ciudadanía percibe veloz para justificarse y lento para proteger, hábil con las palabras y débil para ordenar la vida común.
Colombia llega a esta coyuntura tras varios años de aceleración histórica: primero el triunfo de Petro, que expresó la entrada al poder de una izquierda largamente postergada y cargada de expectativas sociales; luego el desgaste de una experiencia gubernamental atravesada por tensiones institucionales, conflictos con sectores económicos, inseguridad persistente y una promesa de paz cada vez más discutida. Para sus defensores, esa promesa sigue siendo una deuda ética del Estado; para sus críticos se volvió el símbolo de una política ingenua ante organizaciones armadas que persisten más allá del lenguaje de reconciliación con que el poder central las nombra.
En ese vacío aparece De la Espriella como un outsider de cuño paradójico: su trayectoria pertenece al mundo de las élites empresariales y mediáticas, y su distancia se ejerce frente a las liturgias partidarias, que abandona para construir una marca personal reconocible y ofrecer una épica de restauración nacional. En esa épica, la patria, la seguridad, la fuerza y el castigo operan como respuesta inmediata a una sociedad cansada de diagnósticos, comisiones, tecnicismos y pedagogías democráticas que rara vez modifican la experiencia concreta del miedo, la extorsión, el delito o el abandono territorial.
La novedad del fenómeno reside menos en sus propuestas que en la eficacia simbólica de su estilo, porque De la Espriella combina el imaginario punitivo de Bukele, la retórica antiestatal de Milei, la memoria colombiana de la seguridad democrática uribista y una estética de campaña propia de la política digital contemporánea. El líder se ofrece ahora como personaje de combate, como marca, como gesto y como promesa de ejecución, y deja atrás la figura del administrador prudente de contradicciones, en una época en que la ciudadanía premia al dirigente dispuesto a cortar el nudo antes que al que explica mejor la complejidad, aunque el costo de ese corte permanezca incierto.
La paradoja colombiana radica en que este ascenso hereda al uribismo y lo desplaza al mismo tiempo de su lugar de mando natural, porque la derecha que durante dos décadas se ordenó alrededor de Álvaro Uribe encuentra ahora una figura que recoge parte de su legado, lo exagera, lo teatraliza y lo inscribe en una clave regional más radical. Esa clave se muestra menos paciente con las mediaciones institucionales y más conectada con una sensibilidad social que persigue, por encima de la seguridad, una revancha moral contra la política que habla, negocia, promete y posterga, mientras el ciudadano percibe que la realidad se le descompone en la puerta de su casa.
América Latina viene mostrando que el antisistema funciona como forma política disponible para derechas e izquierdas, antes que como ideología cerrada, aunque en los últimos años haya encontrado en la derecha punitiva y liberalizante su versión más expansiva, desde Milei hasta Bukele, pasando por Bolsonaro y por otros liderazgos que comprendieron mejor que nadie el nuevo idioma del enojo social. Ese malestar contemporáneo combina hoy el reclamo de inclusión y redistribución con la demanda de castigo, simplificación, autoridad y velocidad frente a Estados que prometen demasiado, regulan con entusiasmo, protegen con dificultad y explican sus fracasos con una lengua cada vez más distante de la vida común.
La pregunta de fondo excede el resultado de la segunda vuelta y apunta a lo que ese ascenso revela sobre Colombia y sobre la región, porque cuando una sociedad busca salvación en figuras que prometen cortar antes que desatar, emerge algo más hondo que una crisis de gobierno: una crisis de confianza en la democracia como método lento de resolución de conflictos. Allí reside el dilema de nuestro tiempo latinoamericano: reconstruir autoridad con instituciones sólidas y devolver horizonte de futuro mientras el grito antisistema todavía admite respuesta, antes de que se convierta en la única música que la ciudadanía permanece dispuesta a escuchar.
Y aquí la pregunta vuelve sobre nosotros. El Paraguay observa el fenómeno colombiano desde una singularidad que lo distingue en la región: un sistema de partidos longevo, ordenado durante más de un siglo alrededor de la Asociación Nacional Republicana, con una densidad territorial y una capilaridad afectiva que pocas organizaciones del continente igualan. Esa fortaleza histórica abre el interrogante decisivo. ¿Estará el Partido Colorado a la altura de metabolizar la despartidización que avanza y los nuevos actores sociales que, con sus demandas, las últimas décadas hicieron emerger, o esa misma densidad que hoy lo sostiene anticipará mañana su punto de fractura?
Como lo planteó Sartori, el partido antisistema difiere de la simple oposición, y esa distinción interpela hoy a una sociedad paraguaya que ya conoció su propio rugido en las urnas. Como observó Huntington, la estabilidad de un orden político depende de la proporción entre la participación que una sociedad moviliza y las instituciones capaces de procesarla, y cuando la primera desborda a las segundas, el caudillo redentor encuentra su oportunidad. El coloradismo sobrevivió al Stronato y a las tres décadas de competencia que siguieron a 1989, y esa resistencia constituye su credencial mayor. La incógnita reside en si esa credencial alcanza para el tiempo que viene, cuando el voto premia la ejecución sobre la mediación y la marca personal sobre la liturgia partidaria.
El prebendalismo que durante generaciones aceitó la lealtad colorada, como lo estudió Setrini, ofrece todavía cohesión y a la vez expone el flanco por donde el malestar contemporáneo suele entrar. Un partido que conserva el poder mientras la ciudadanía reclama velocidad y castigo se juega algo más que una elección: se juega su vigencia como tradición política. La pregunta permanece abierta y nos concierne de manera directa. ¿Será el sistema de partidos paraguayo capaz de ofrecer futuro y autoridad dentro de sus cauces institucionales, o cederá también, como tantas democracias de la región, a la tentación de quien promete cortar el nudo antes de medir cuánto cuesta el corte?
