La memoria es la primera trinchera de una nación que aspira a su permanencia. Lula da Silva ha ofendido al Paraguay en la fibra más íntima de su identidad. Ante una maqueta de misil, en una fábrica de armamento y en plena campaña por su cuarto mandato, invocó la Guerra de la Triple Alianza para justificar el rearme de su país. Dijo que un buen día “el Paraguay decidió invadir Brasil” y, de paso, al Uruguay y a la Argentina. Dos afirmaciones falsas y una omisión que pesa más que ambas ameritan una respuesta contundente.
El Paraguay declaró la guerra al Imperio el 13 de diciembre de 1864 y ocupó Corumbá semanas después, territorio no brasileño, sino en disputa en el Matto Grosso. La razón del hecho fue que el 30 de agosto de ese año la cancillería paraguaya advirtió por escrito que consideraría casus belli cualquier ocupación militar del Uruguay. Brasil avanzó igual: el 12 de octubre el general Mena Barreto cruzó la frontera uruguaya con doce mil hombres y la escuadra de Tamandaré bombardeaba Paysandú, para derribar al gobierno legal de Aguirre e imponer a Venancio Flores.
El Paraguay quedaba rodeado por dos potencias que controlaban sus únicas salidas fluviales al Atlántico. La segunda parte de la frase es insostenible: nuestro país jamás invadió al Uruguay, era aliado de su gobierno legítimo, y fue Brasil quien entró allí con tropas dos meses antes de la guerra. Lula invirtió el orden de los hechos justo donde fue su propio país el que cruzó una frontera ajena.
La omisión deliberada de Lula es más condenable que sus simplificaciones. Eligió olvidar cómo culminó aquella catástrofe: Paraguay perdió cerca del 40% del territorio que reclamaba, soportó la ocupación de Asunción hasta 1876 y sufrió una mortandad sin equivalente en el continente.
El tramo que omite es el más atroz. El 1 de enero de 1869, las tropas imperiales entraron en una Asunción evacuada y la saquearon: desvalijaron palacios, ministerios, el Congreso y las legaciones, y profanaron las tumbas de la Recoleta. A la rapiña se sumó la violación masiva de mujeres y niñas durante la ocupación, denunciada por escrito por el propio ministro estadounidense Martin T. McMahon, que llamó a aquel ejército una horda sin ley, vergüenza de la humanidad.
En Piribebuy, el 12 de agosto de 1869, las tropas del conde d’Eu, Gastón de Orleans, degollaron a los prisioneros e incendiaron el Hospital de Sangre con cerca de seiscientos heridos adentro, que murieron calcinados; el comandante Pedro Pablo Caballero fue ejecutado ante su familia por no rendir la plaza. Cuatro días después, en Acosta Ñu, el mismo conde cargó contra un ejército de niños de entre seis y quince años disfrazados con barbas postizas y, terminada la matanza, mandó incendiar el campo sobre los heridos y sobre las madres que salían del monte a rescatar a sus hijos, quemándolos vivos.
El Paraguay debe reivindicar en todos los foros internacionales la apertura total de los archivos del conflicto que retiene el Estado brasileño, para que el mundo conozca la magnitud del genocidio, y exigir la devolución de los trofeos de guerra. El cañón El Cristiano, fundido con campanas de nuestras iglesias y capturado en Humaitá, sigue exhibido en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro; los archivos que el ejército imperial se llevó nunca volvieron.
Uruguay devolvió sus trofeos en 1885 y condonó la deuda de guerra; Argentina lo hizo en 1954. Brasil solo entregó lotes parciales durante sus dictaduras y allí se detuvo. La negociación más avanzada por el cañón ocurrió en 2010, al final del segundo mandato del propio Lula, y quedó en sus manos. El mismo presidente que pudo devolverlo y no lo hizo es el que hoy invoca aquella guerra como material de campaña.
Nuestro país debe tener plena conciencia que el horizonte cosmopolita ha decaído y aquella globalización que prometía disolver las fronteras ha muerto. Las grandes potencias vuelven al lenguaje del interés nacional, del arancel y del rearme; el mundo se reordena en bloques que compiten sin pudor.
En este contexto, un país que renuncia a su relato nacional queda a merced del ajeno. El Paraguay tiene, por lo tanto, la obligación de reactivar, con la más alta intensidad, aquel relato nacionalista que le permitió reconstruirse sobre las cenizas de 1870. No es nostalgia: es supervivencia en un tablero que premia a las naciones con memoria.
Ese relato tiene que ser un consenso nacional, no patrimonio de ningún partido ni facción. La reivindicación de la patria atraviesa todas las trincheras ideológicas: Juan E. O’Leary y Justo Pastor Benítez, Efraím Cardozo y Natalicio González, Juan José Soler e incluso Óscar Creydt en su giro nacionalista. Colorados y liberales, conservadores y hombres de izquierda deben coincidir en un punto: sin nación no hay proyecto que valga la pena defender, ni siquiera un ámbito real donde dirimir diferencias.
De ese consenso se desprende una tarea urgente en la escuela. El Paraguay debe retomar la inculcación patriótica en los colegios, no por añoranza sino porque el presente lo exige. Uno de los peores legados de la reforma educativa de los noventa fue dejarnos sin un relato nacional que socialice a las nuevas generaciones en el amor incondicional a la patria.
Se formó a los jóvenes en competencias, y estuvo bien; pero se los dejó huérfanos de pertenencia. Un chico que ignora quién fue Francisco Solano López y qué significó Cerro Corá crece sin brújula frente a un mundo que sí sabe lo que quiere. La escuela debe volver a enseñar la ritualidad del amor patriótico.
La cultura, vista desde el Estado, debe reforzar el sentimiento nacional, uniendo y no excluyendo. El nacionalismo que reivindicamos no levanta muros hacia adentro, sino que convoca bajo el sagrado manto tricolor. Una política cultural con sentido de Estado celebra las fechas patrias, sostiene la lengua guaraní como columna vertebral de nuestra identidad y honra a los que cayeron por la nación. La que renuncia a esa tarea abandona el terreno a quienes prefieren un pueblo sin raíces, más fácil de disolver.
Todo esto desemboca en una decisión que muchos evitan pronunciar. El Paraguay debe aumentar el gasto militar, sin temor a la agenda progresista bienpensante que confunde el pacifismo con la indefensión. Un país sin capacidad disuasiva depende de la buena voluntad ajena, y las declaraciones de Lula demuestran cuán frágil es.
Se trata de invertir con sentido estratégico, dentro de un plan integral de defensa nacional, y financiarlo con inteligencia: una ingeniería fiscal aplicada a las inmensas ganancias del sector financiero permitiría sostener ese esfuerzo sin castigar al trabajador ni al productor. La banca, que prospera al amparo de la estabilidad que garantiza el Estado, bien puede contribuir a su defensa.
Lula creyó hablar de misiles y terminó hablando de nosotros. Recordó, sin proponérselo, que el Paraguay existe por el heroísmo de su pueblo, resumido en la tenacidad de existir contra toda probabilidad.
En un mundo que vuelve al lenguaje del poder, ningún vecino, por grande que sea, defiende la soberanía ajena; la geopolítica no premia a los ingenuos ni a los desarmados, sino a las naciones que saben quiénes son y están dispuestas a defenderlo todo.
No hay nación sin narrativa nacional, ni soberanía sin políticas públicas dispuestas a protegerla por sobre cualquier otra consideración. La defensa de los asuntos nacionales es irrestricta o no es. Por eso es la hora del nacionalismo, no como grito de rencor, sino como acto de supervivencia. Quien no cuida su memoria y su soberanía termina viviendo en la memoria y bajo la voluntad ajenas.
