El lanzamiento del sistema RETSA PY —Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental— representa mucho más que una plataforma digital para certificar el origen de la carne y el cuero paraguayo. Es, ante todo, una declaración de principios: el Estado paraguayo reconoce que en el siglo XXI, la trazabilidad no es un lujo regulatorio sino un requisito de supervivencia competitiva. Pero si esa lógica aplica para un novillo que cruza el Atlántico rumbo a la Unión Europea, ¿por qué no debería aplicar con la misma urgencia para un estudiante universitario que cruza el umbral de un aula, o para un medicamento que recorre la cadena de distribución hasta llegar a las manos de un paciente en el interior del país?
La pregunta no es retórica. Es, tal vez, la pregunta central que el Paraguay debe hacerse en esta etapa de su desarrollo institucional.
El pasaporte ganadero como espejo
El ministro de Industria, Marco Riquelme, fue preciso al definir el RETSA PY: «No es una traba, es un pasaporte para nuestros productos». La plataforma, desarrollada por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción con apoyo de la FAO y financiamiento del programa Al-Invest Verde de la UE, permite registrar unidades productivas, cruzar datos satelitales, verificar que la producción no provenga de tierras deforestadas y emitir una constancia de elegibilidad socioambiental con código QR verificable por frigoríficos, autoridades y compradores internacionales.
Hoy, cerca de 200 productores representando 1,5 millones de cabezas de ganado integran el SITRAP, y más de 4 millones de bovinos ya cuentan con identificación individual mediante el SIAP implementado por SENACSA. El sistema está operativo, con antecedentes de envíos libres de deforestación desde noviembre de 2024, y apunta a cumplir con el Reglamento 1115/2023 de la UE antes de su aplicación prevista para enero de 2027.
Todo esto es encomiable. Pero también es revelador: demuestra que cuando hay un mercado exigente que condiciona el acceso, el Estado paraguayo puede articular instituciones, tecnología y voluntad política para construir sistemas de trazabilidad robustos. La pregunta incómoda es por qué esa misma capacidad no se despliega con igual intensidad en áreas donde lo que está en juego no son divisas, sino vidas y futuro.
Educación superior: rastrear al estudiante como rastreamos al novillo
Paraguay tiene aproximadamente 400.000 estudiantes universitarios. ¿Cuántos de ellos completan sus carreras? ¿Cuántos desertan en el primer año? ¿Cuántos egresan y encuentran inserción laboral en su campo de formación? ¿Cuántos doctores formados con becas públicas terminan subutilizados porque no existen políticas de absorción en universidades, centros de investigación o instituciones del Estado?
El propio presidente de la ANEAES, Dr. José Fernando Duarte, lo ha reconocido con claridad meridiana: una estrategia nacional de trazabilidad de egresados podría ayudar a identificar brechas, potenciar el impacto de los profesionales formados y evitar la subutilización del talento. No basta con formar doctores altamente capacitados si no existen mecanismos para rastrear su trayectoria posterior y garantizar que el retorno de la inversión educativa se materialice.
El Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUE ES), impulsado por el Viceministerio de Educación Superior, fue un paso en la dirección correcta. Pero un registro es apenas el punto de partida. Lo que se necesita es un verdadero sistema de trazabilidad educativa: una plataforma que permita seguir al estudiante desde su ingreso hasta su inserción profesional, detectar en tiempo real los factores de deserción, evaluar la pertinencia de los programas académicos frente a las demandas del mercado laboral, y medir el impacto real de la inversión pública en educación superior.
Si podemos certificar con imágenes satelitales que un novillo no proviene de tierras deforestadas, ¿no deberíamos poder certificar que un egresado universitario cumple con estándares mínimos de calidad formativa? Si un código QR puede resumir toda la trazabilidad socioambiental de un corte de carne, ¿no debería existir un mecanismo equivalente que acredite la trayectoria académica y las competencias de un profesional paraguayo ante el mercado regional e internacional?
Salud: del decreto a la práctica
En abril de 2025, el presidente Santiago Peña firmó el Decreto 3668, creando el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos y Dispositivos Médicos. La herramienta, impulsada por DINAVISA con apoyo del MITIC y el Ministerio de Salud, busca identificar de manera unívoca cada medicamento y dispositivo médico comercializado en el país, combatir la falsificación y el contrabando, y optimizar la cadena de suministro.
Un año después de aquel decreto, el desafío sigue siendo monumental. La implementación progresiva requiere la colaboración de proveedores, distribuidores, hospitales y farmacias de todo el territorio nacional. Requiere capacitación, infraestructura tecnológica y, sobre todo, la convicción institucional de que rastrear un medicamento desde su fabricación hasta su dispensación al paciente no es un capricho burocrático sino una obligación ética con la salud pública.
Pero la trazabilidad en salud debe ir más allá de los medicamentos. ¿Qué sabemos del recorrido de un paciente dentro del sistema de salud público? ¿Cuántas consultas realiza antes de obtener un diagnóstico? ¿Cuánto tiempo espera entre la indicación de un estudio y su realización efectiva? ¿Cómo se articula la información entre el primer nivel de atención y los hospitales de referencia? Un sistema de salud sin trazabilidad del paciente es un sistema que opera a ciegas, donde cada consulta es un episodio aislado y donde la continuidad del cuidado depende más de la memoria del paciente que de la inteligencia institucional.
El concepto transversal
La trazabilidad, en su esencia, no es más que la capacidad de un sistema para conocer el origen, el recorrido y el destino de aquello que gestiona. Aplicada a la ganadería, permite certificar que un producto cumple con estándares ambientales. Aplicada a la educación, permitiría garantizar que la inversión en formación genera los resultados esperados. Aplicada a la salud, aseguraría que cada medicamento llega donde debe llegar y que cada paciente recibe la atención que necesita en el momento oportuno.
El RETSA PY demuestra que Paraguay tiene la capacidad técnica, la voluntad política y la articulación institucional necesarias para construir sistemas de trazabilidad de clase mundial cuando la presión del mercado lo exige. El desafío ahora es aplicar esa misma lógica donde la presión no viene de Bruselas sino de la propia ciudadanía: en las aulas universitarias donde se forman los profesionales del mañana, y en los hospitales públicos donde se juega la vida de los más vulnerables.
Porque si un novillo paraguayo merece un pasaporte digital que certifique su origen y su trayectoria, un estudiante y un paciente paraguayo merecen, como mínimo, lo mismo.
